Un artículo publicado recientemente en la revista digital Reason acaparó la atención de muchas personas. El escrito (originalmente publicado en inglés) desveló detalles acerca de la ‘realidad’ de operar un emprendimiento de minería de la criptomoneda Bitcoin en Venezuela. En Cointelegraph España publicamos un artículo en donde resumimos los detalles más relevantes de la publicación de Reason:

En marzo de este año José Perales y Joel Padrón recibieron lo que no esperaban en su propiedad (donde montaron una granja de minado). Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia arrestaron a los dos mineros luego de que trabajadores de la empresa proveedora detectaran un alto consumo de energía en la propiedad. Padrón pasó más de tres meses y medio bajo arresto y cree que Perales escapó del país tras su liberación, según un reportaje publicado por la revista Reason.

Perales y Padrón son ciudadanos venezolanos que aprovecharon las ventajosas condiciones que ofrece el país latinoamericano para minar la criptomoneda Bitcoin: electricidad barata y subsidiada.

El proceso de minar la criptomoneda requiere la ejecución de miles de cálculos con equipos de computación especializado, lo cual consume grandes cantidades de electricidad, esto ocasiona que algunas localidades ofrezcan mejor retorno de inversión que otras (ROI).

En el mundo las principales actividades de minería se concentran en China, donde existen lugares con amplia oferta de electricidad –esto como resultado de la construcción de plantas eléctricas innecesarias–. Sin embargo, en Venezuela la producción eléctrica se encuentra en niveles críticos, y el gobierno central se ha visto obligado a racionar el servicio.

¿Es entonces la minería una actividad ilegal en Venezuela?

Según el emprendedor Jorge Farías, fundador de la startup Cryptobuyer, la minería o comercio de bitcoins no es ilegal en el país suramericano. Farías ha apostado fuertemente por la inclusión y operación legal de su empresa en el país. Armado con un bufete de abogados de primera línea, el emprendedor ha realizado una serie de gestiones para ajustar la actividad de Cryptobuyer dentro del marco legal del país.

Para entender un poco el estado legal de la moneda, también consultamos con la Fundación Bitcoin Venezuela, quien busca promover la capacitación de personas, comerciantes y académicos en el uso de Bitcoin y la tecnología Blockchain para innovar y crear eficiencia en la administración de recursos en diversos campos.

La opinión de la fundación es que, en Venezuela, el Bitcoin no es considerado una moneda, sino un activo digital o ‘asset’, e incluso puede entrar en la clasificación de propiedad intelectual.

Por su parte, Farías ve con preocupación la actividad ilegal de algunas personas que, de forma intencional, realizan el robo de electricidad para beneficio propio. El fundador de Cryptobuyer considera importante que la comunidad Bitcoiner venezolana cierre filas, y promueva una serie de lineamientos para ajustarse lo mejor posible al marco regulatorio vigente.

Las recomendaciones a tomar en cuenta son:

  • En caso de que la actividad de minería tenga un tamaño importante, considerar ubicar los equipos en zona industrial con las condiciones mínimas de seguridad que requieran, de forma similar a los lineamientos que se siguen en la construcción de centros de datos.
  • Asegurarse de que los equipos consuman la cantidad de electricidad contratada, previo estudio de las condiciones eléctricas del establecimiento y de los equipos.
  • Importación legal de los equipos. Los mineros deben contar con su respectiva nacionalización y factura.

La fundación Bitcoin Venezuela busca la aplicación de un marco regulatorio para la actividad minera, y la misma se encuentra abierta a consultas sobre la legalidad de la operación de minería en Venezuela.

A pesar de que las autoridades venezolanas no han realizado pronunciamientos oficiales acerca de la materia, existe un documento de investigación publicado por la escuela de fiscales del Ministerio Público en diciembre de 2015.

Publicada en la Revista Científica Arbitrada del Ministerio Público, el documento especifica que los bitcoins y activos digitales no son monedas ni divisas, sin embargo, hacen énfasis en que hay que tener mucho cuidado con la evasión de impuesto y el lavado de dinero. El artículo menciona los posibles beneficios que dichas monedas podrían ofrecer, sin embargo, pone de manifiesto los peligros que el anonimato y ocultación de activos podría generar.

La venta y comercialización del Bitcoin en Venezuela se realiza estrictamente en bolívares y la libre demanda fija el precio, por lo que no se puede catalogar como ilícito cambiario. Este es el principal escollo que la comunidad busca superar: darle relevancia al hecho de que el Bitcoin no se ciñe por los designios de otras monedas, y que su valor se basa en lo que la gente esté dispuesta a dar por él.

Si bien algunos argumentan que promover una regulación del Bitcoin en Venezuela no es viable –por las políticas del gobierno y la actuación de los órganos policiales en estos casos–, no por eso se le debe dar una connotación negativa a la misma. Las declaraciones dadas por algunas personas en la entrevista Reason confirma lo que algunos piensan: que la misma comunidad Bitcoiner en el país está atrayendo mala publicidad a sí misma.