El gobierno australiano ha implementado una ley que ordena intercambios de Bitcoin que operan en el país para registrarse en la agencia contra el lavado de dinero del Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC).

La medida tiene el objetivo de imponer restricciones a las monedas digitales, particularmente a Bitcoin, debido a su continuo crecimiento y adopción en el sector financiero principal.

El proyecto de ley se presentó por primera vez al parlamento australiano en agosto del 2017 con el objetivo de luchar contra la amenaza de delitos financieros en el país. Los parlamentarios del país consideraron que era necesario hacerlo después del descubrimiento de que uno de los principales bancos, el Commonwealth Bank, ha violado las leyes relacionadas con el lavado de dinero.

La presentación del proyecto de ley también fue impulsada por el informe del Grupo de Acción Financiera, que declaró que las leyes existentes para combatir el lavado de dinero tienen serias fallas y que deberían enmendarse para eliminar las lagunas.

Según la nueva ley, el AUSTRAC está facultado para supervisar las actividades de todos los intercambios de divisas virtuales que operan en la jurisdicción de Australia. El objetivo principal del monitoreo es garantizar que las transacciones financieras no estén relacionadas con el lavado de dinero o el terrorismo.

La ley exige que las monedas virtuales reciban el mismo trato que el efectivo físico en un banco en lo que respecta al lavado de dinero y transacciones sospechosas de apoyar el terrorismo.

La directiva también exige que las empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas verifiquen la identidad de sus clientes, mantengan un registro de las transacciones e informen cualquier transacción umbral o transacción sospechosa. Una transacción umbral es la transferencia de monedas virtuales por valor de AUD10,000 o más.

La nueva regulación también impone tanto tiempo de cárcel cuanto multas a cualquier compañía declarada culpable de operar intercambios de criptomonedas sin previo registro. La multa por intercambios no registrados comienza con dos años de cárcel y/o una multa de $105,000, mientras que los infractores de delitos más graves podrían enfrentar una multa de $2.1 millones para corporaciones y $420,000 para individuos.