El senador australiano Andrew Bragg inauguró la conferencia Blockchain Week de Australia con una propuesta legislativa de gran calado que espera que siente las bases de un nuevo ecosistema de activos digitales en Australia.

El paquete legislativo propuesto para la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) contempla reformas en la concesión de licencias para el mercado de criptomonedas, la custodia, las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), la desbancarización y los impuestos. El senador Bragg dijo en su discurso en la conferencia que espera que la legislación de la Ley "proteja a los consumidores [de criptomonedas] contra los operadores maliciosos".

El senador Bragg esbozó los cuatro pilares principales por los que se guía la DSA. Explicó que la DSA será tecnológicamente neutral, tendrá principios amplios y flexibles, será regulada por un ministro en lugar de una agencia burocrática y utilizará recursos y personal del gobierno. Su opinión es que esta orientación ayudará a Australia a demostrar que el país está preparado para asumir un mayor papel en la industria de las criptomonedas.

“Esto demostrará que Australia está abierta a los negocios y que las cosas son claras y limpias.”

El senador también habló de las DAO, desafiando a varias divisiones del gobierno a tomarlas en serio. Llegó a calificarlas de "amenaza existencial para la base imponible" con las normas actuales.

Según los datos publicados por el Parlamento de Australia, el impuesto de sociedades representa la segunda fuente de ingresos del gobierno, por detrás del impuesto sobre la renta. Sin embargo, las DAO no tributan como empresas.

Ante esto, el senador Bragg dijo que la "dependencia del impuesto de sociedades" de su país es insostenible si un número creciente de organizaciones se convierte en una DAO. En consecuencia, la DSA le encargaría al gobierno la creación de un marco para crear normas para las DAO sin ahogar sus principios fundamentales.

Las normas garantizarían esencialmente que los consumidores tengan acceso a servicios de auditoría, garantía y divulgación de las DAO que les ayuden a distinguir entre organizaciones minoristas y mayoristas. El senador Bragg pidió que el Tesoro abordara estas cuestiones y al mismo tiempo "dejara el campo libre para que las DAO siguieran haciendo honor a su nombre".

El jefe de desarrollo corporativo del criptoexchange australiano Swyftx, Michael Harris, está a favor de que el gobierno establezca normas más estrictas para la criptoindustria nacional. Le dijo a Cointelegraph hoy que los exchanges no tienen nada que temer de estándares más altos porque "La mayoría de los exchanges australianos ya toman su deber de cuidado a los clientes muy en serio."

Harris añadió que Australia debería estar liderando el mundo desarrollado en la regulación de las criptomonedas debido a su alta tasa de adopción. Una encuesta de Finder encontró que el 22.9% de los australianos encuestados poseían criptomonedas entre octubre y diciembre de 2021. Harris continuó afirmando que:

“Vemos esto como un importante paso adelante. Australia tiene uno de los mayores índices de adopción de criptomonedas del mundo desarrollado. Tiene todo el sentido que lideremos la regulación.”

Una de las mayores preocupaciones en el mercado de las criptomonedas últimamente es su uso por parte de individuos y naciones para eludir las sanciones económicas mundiales. Actualmente se está debatiendo en el Senado de Estados Unidos si el gobierno ruso puede mantener su operación militar en Ucrania financiada con la ayuda de las criptomonedas.

La empresa de rastreo blockchain Elliptic descubrió el 15 de marzo que  algunas personas sancionadas tienen criptomonedas, pero el senador Bragg declaró que el gobierno australiano era impotente en virtud de las actuales leyes de intercambio de divisas digitales (DCE) para servir de castigo a tales infractores. La falta de jurisdicción del DCE sirvió de motivación para hacer las nuevas propuestas para evitar que los individuos sancionados se aprovechen de las laxas leyes de criptomonedas, y añadió:

“La realidad es que no vivimos en un nirvana libertario. No podemos tener un arbitraje regulatorio.”

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