Un grupo de inversores ha presentado una demanda colectiva contra la organización autónoma descentralizada (DAO), Bancor, su operador BProtocol Foundation y sus fundadores ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas. Los demandantes alegan, entre otras cosas, que Bancor engañó a los inversores sobre su mecanismo de protección contra pérdidas impermanentes (ILP) para proveedores de liquidez y que era un valor no registrado.

Según la demanda, el producto de inversión v2.1 de Bancor, introducido en octubre de 2020 y el segundo en incorporar ILP, operaba con un déficit que los demandados conocían e intentaron cubrir lanzando un nuevo producto, v3, que prometía "algunos de los rendimientos más competitivos en cualquier lugar ... sin pedir a los usuarios que asumieran ningún riesgo".

La pérdida impermanente se produce dentro del modelo de creador de mercado automatizado de las finanzas descentralizadas (DeFi) cuando un proveedor de liquidez deposita activos en un pool y uno de los tokens implicados pierde valor frente a otro del pool. Se denomina impermanente porque las condiciones de negociación pueden restablecer el valor del token más adelante. La pérdida no se materializa a menos que el inversor retire el token del pool.

El 19 de junio de 2022, Bancor experimentó un pico de retiros, lo que provocó una "pausa" en el mecanismo ILP. Los inversores aún podían retirar sus activos, pero sufrieron las pérdidas que el mecanismo ILP debía evitar. Esto provocó "pérdidas cercanas al 50% de su inversión en el Programa LP [Proveedor de Liquidez]", que ascendieron a decenas de millones de dólares para los inversores minoristas estadounidenses, según la demanda.

Además, los demandantes alegaron que los fundadores de la DAO conservaban el control de la misma:

"Aunque Bancor está supuestamente dirigida por una organización autónoma descentralizada ("Bancor DAO"), los demandados mantienen un control casi total sobre Bancor, tanto directo (control sobre su capital, empleados y código) como indirecto (dominio y manipulación de Bancor DAO)".

También afirman que el Programa LP de Bancor "es un contrato de inversión vinculante y un valor conforme a la legislación estadounidense". Además:

"Si los Demandados hubieran cumplido con los requisitos de registro y divulgación aplicables, los Demandantes y otros miembros de la clase no habrían invertido en el Programa LP".

Los demandantes formulan seis cargos contra los demandados por violación de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Comercio de Valores de 1934, así como por incumplimiento de contrato y enriquecimiento indebido. Reclaman restitución, daños y perjuicios más intereses.

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