El Banco Central del Uruguay (BCU) comunicó esta semana que, en vista del reciente aumento en el uso de las criptomonedas en ese país, están evaluando la regulación del mercado. Esto, con el apoyo de un equipo de trabajo dedicado al estudio de los instrumentos y operaciones con estos activos digitales. Para alcanzar este objetivo, el estado está dispuesto a enmendar las leyes actuales.

Así que, se encuentra realizando un análisis detallado de la “operatividad” con los activos digitales. Creen que para finales de este año podrían tener una propuesta de modificación a las disposiciones legales vigentes con un marco claro que permita avanzar en regulaciones para estas actividades. Esto ayudará a adaptarse mejor a la introducción de nuevas reglas orientadas a las criptomonedas en el futuro. Según lo detallado en el comunicado.

“Oportunamente se brindarán detalles sobre la hoja de ruta de las actividades a desarrollarse durante el año 2022 con el objetivo de avanzar en las definiciones institucionales en esta temática”. Indicaron.

El BCU precisó que, por sus características, algunos activos digitales “favorecen al anonimato y la reversibilidad de las transacciones” lo que puede implicar la exposición de los operadores a importantes riegos. Como es el caso del lavado del dinero, el fraude o el financiamiento del terrorismo.

En un comunicado publicado en su página web oficial, el ente emisor indicó que durante todo el año 2021 un grupo de trabajo interno se ha dedicado al estudio del ecosistema y, como resultado, crearon un «marco conceptual» enfocado en los negocios y otras operaciones que se ejecutan con criptomonedas.

En dicho comunicado, el BCU afirmó que, aunque “estos instrumentos pueden tener el potencial de contribuir al desarrollo y eficiencia del sistema financiero y de pagos”, también pueden terminar generando “nuevos riesgos o exacerbar los existentes”, supuestamente por la “ausencia de una regulación específica que permita mitigarlos”.

En primera instancia, el BCU indicó que los activos digitales “no constituyen monedas de curso legal” en Uruguay, porque “no fueron emitidos ni cuentan con el respaldo de ningún banco central”, dejando en claro que el peso uruguayo es el único en poseer dicha denominación en ese país. En este sentido, la entidad central aclaró que las instituciones financieras y los comercios uruguayos no están obligados a procesar transacciones con criptomonedas y otros activos virtuales, o a aceptarlos como medio de pago.

Algunas recomendaciones

Ahora bien, el Banco Central de Uruguay, recomendó a los usuarios, realizar una evaluación que analice los riesgos que conlleva operar con este tipo de activos. Sugiriendo que, los altos retornos por lo general van asociados a grandes riesgos.

Se considera que, todas esas acciones que están tomando desde la banca están alineadas con la política del BCU, a fin de dar más información y recomendaciones “a quienes actualmente se encuentren operando con activos virtuales, así como también a todos los usuarios del sistema financiero”.

El tema de la regulación no es nuevo en Uruguay. En agosto, se conoció que un proyecto de ley para regular a bitcoin (BTC) y las demás criptomonedas establecía que el Estado iba a emitir hasta cuatro tipos de licencias para esta industria.

Interés regional en las criptomonedas

El anuncio por parte del Banco Central de Uruguay se produce en un momento en el que la región comienza a tomar con mucha más seriedad a las monedas digitales, buscando agilizar trámites regulatorios para abordar efectivamente las consideraciones comerciales y operativas de dichos activos.

Para analistas y entusiastas, el interés tuvo lugar tras las acciones impulsadas por el gobierno de El Salvador, el cual hizo de Bitcoin una moneda oficial a partir del pasado 7 de septiembre.

Ahora, como parte de la declaración antes mencionada, el Banco Central de Uruguay también se dirigió a los entusiastas de las criptomonedas, recordándoles que los activos digitales no son moneda de curso legal dentro de la jurisdicción del país. El BCU también aclaró que las actividades relacionadas con las criptomonedas no están reguladas por ningún organismo del país. Como consecuencia, las protecciones que se aplican a los inversores ordinarios no se aplican a los ciudadanos que participan en el comercio de las criptomonedas o inversiones en él.

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