El sistema financiero mundial opera sobre la base de la confianza y la anticipación. Cuando esa confianza se erosiona o la anticipación de riesgos se relaja, las estructuras que sostienen el flujo de capitales comienzan a crujir.
Hoy, una preocupación creciente y persistente se cierne sobre la banca global: el aumento del riesgo de impago en sus carteras crediticias. Este riesgo no es una novedad, es una sombra constante en el negocio bancario, pero su reciente intensificación plantea una pregunta crucial: ¿están los supervisores y el propio mercado subestimando la gravedad de estas señales crediticias?
El motor de la economía es el crédito. El banco es, por excelencia, el punto de encuentro entre quienes poseen capital y buscan rendimiento (los prestamistas o ahorristas) y aquellos que necesitan financiación para proyectos, consumo o expansión (los prestatarios). Esta intermediación es vital; asegura que el capital fluya hacia donde puede generar el mayor valor. Para que este proceso funcione de manera adecuada y justa, los bancos centrales y los entes reguladores desempeñan un papel fundamental, actuando como guardianes de la estabilidad y la liquidez.
El dilema de la regulación es una cuerda floja, especialmente para las entidades bancarias más pequeñas. Por un lado, una supervisión excesivamente rigurosa, llevada al extremo de la desconfianza o la paranoia, corre el riesgo de asfixiar el crecimiento y la operatividad de los bancos. Si las exigencias de capital o las restricciones para otorgar préstamos se vuelven excesivas, el flujo de crédito se congela, afectando negativamente la actividad económica general.
Por otro lado, la laxitud regulatoria abre la puerta a la asunción de riesgos desmedidos, lo que incrementa la probabilidad de un colapso sistémico. El colapso de una o varias instituciones, incluso de tamaño moderado, puede generar un efecto dominó, socavando la confianza de los depositantes y prestamistas en toda la cadena. Los supervisores están en una posición compleja: deben inyectar prudencia sin estrangular la vitalidad necesaria para que el sistema cumpla su función económica esencial.
El riesgo de impago, o riesgo crediticio, tiene una naturaleza dual que lo hace inherentemente complejo de gestionar. Disminuir las barreras de acceso al crédito es, en principio, positivo y deseable. Una mayor inclusión financiera permite que más personas y empresas participen en la economía, impulsando la demanda y la inversión. Sin embargo, esta misma disminución de barreras introduce, inevitablemente, un mayor riesgo en las carteras bancarias. Se trata de un equilibrio delicado entre la expansión económica y la solidez financiera.
Las condiciones económicas recientes han exacerbado esta tensión. Periodos de políticas monetarias expansivas, con tasas de interés a niveles históricamente bajos, incentivaron a los bancos a prestar más y, en ocasiones, a relajar sus estándares. Al mismo tiempo, prestatarios que antes se consideraban seguros, como algunas empresas o propietarios de viviendas, enfrentan ahora una presión creciente debido a la inflación, el aumento del costo de vida y, crucialmente, el incremento en las tasas de interés que encarece el servicio de la deuda.
Este entorno genera una atmósfera donde las tasas de morosidad comienzan a escalar. No se trata solo de la incapacidad de pago de un prestatario aislado, sino de una tendencia agregada que, si no se contiene, puede mermar seriamente los balances bancarios. Cuando una cantidad significativa de préstamos pasa a ser considerada crédito deteriorado, el banco debe provisionar pérdidas, lo que reduce su capital disponible para nuevos préstamos y disminuye la confianza de los inversores.
Las señales de alarma raramente son estruendosas al principio. Se manifiestan en incrementos graduales en categorías específicas de préstamos, como hipotecas de riesgo, crédito al consumo o préstamos a sectores corporativos particularmente sensibles a los ciclos económicos. Un área de especial preocupación es la exposición de los bancos a ciertos tipos de activos menos líquidos o a mercados que han experimentado una rápida y significativa apreciación, cuya corrección podría generar ondas de choque.
Los organismos internacionales y los reguladores nacionales están en alerta, pero la acción preventiva requiere un diagnóstico certero. Si se actúa de forma apresurada y se impone un endurecimiento crediticio generalizado, se corre el riesgo de provocar una desaceleración económica que, paradójicamente, aumentaría los impagos. Por otro lado, la inacción, o una respuesta tardía, podría permitir que el problema se incube hasta alcanzar una escala que requiera intervenciones de rescate de gran magnitud, a cargo de los contribuyentes.
El sistema financiero global está interconectado de manera profunda. Un deterioro significativo en las carteras de bancos en una región puede tener consecuencias rápidas y de gran alcance en otras geografías, dada la interdependencia a través de los mercados de capitales y el financiamiento mayorista. Es por esto que las señales de alarma en cualquier parte del mundo, incluso en bancos de menor tamaño cuya caída podría parecer manejable individualmente, deben ser interpretadas como un indicador de riesgo sistémico potencial. La vigilancia debe ser holística, mirando más allá de las fronteras nacionales y las cifras individuales.
A pesar del análisis que subraya la fragilidad y el incremento del riesgo de impago, existe una perspectiva que ofrece un matiz de estabilidad al debate. Aunque el riesgo crediticio esté efectivamente aumentando en las carteras, la fortaleza del capital de las principales instituciones financieras globales es notablemente superior a la observada en crisis pasadas. Las reformas regulatorias implementadas tras los episodios de inestabilidad de hace más de una década han forzado a los bancos a construir colchones de capital significativamente más grandes y a mejorar la calidad de sus activos líquidos.
Esta mayor capacidad de absorción de pérdidas significa que, si bien una oleada de impagos podría golpear la rentabilidad de las instituciones, la probabilidad de que tales eventos desaten un colapso total del sistema es menor que en el pasado. Los bancos están mejor preparados para capear la tempestad. Por lo tanto, mientras que las autoridades deben mantener la vigilancia para evitar la laxitud y el exceso, el sistema en su conjunto posee una resiliencia estructural que a menudo se subestima. El foco debe estar en la gestión de las instituciones más vulnerables y en mantener el flujo de crédito sin socavar la prudencia, reconociendo que la base del sistema ha sido reforzada, lo que mitiga el riesgo de una implosión a gran escala.
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