Un grupo de 85 economistas ha respaldado la decisión del gobierno hondureño de abandonar el organismo de arbitraje del Banco Mundial, lo que añade un nuevo giro a la batalla en curso entre Honduras y la empresa constructora de la isla de criptomonedas Próspera.
Próspera, la zona económica especial de la isla hondureña de Roatán, amante de bitcoin y que lleva el nombre de la empresa estadounidense que la construye, ha estado buscando una compensación de USD 10,800 millones del gobierno hondureño después de que un cambio legislativo en 2022 acabara con el estatus especial de la isla.
La lucha ha tenido lugar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Sin embargo, en una carta abierta del 19 de marzo, los economistas de la Internacional Progresista -que se describe a sí misma como una "misión para unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas del mundo"- dijeron que el retiro de Honduras en febrero del tribunal internacional era una "defensa crítica de la democracia hondureña".
Próspera presentó su caso ante el CIADI a finales de 2022, alegando que Honduras le debe miles de millones por romper una "garantía de estabilidad jurídica de 50 años que hizo" después de que el gobierno derogara leyes en abril de 2022 que afectaban la seguridad jurídica del estatus de zona económica especial de la criptoisla y sus inversiones.
En la carta abierta, los economistas dijeron que había poca evidencia para demostrar que los gobiernos se benefician del organismo de arbitraje.
"Encontramos escasas pruebas económicas de que mecanismos como el CIADI estimulen una inversión extranjera directa significativa", afirman los economistas en la carta.
“Durante décadas, los tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI han permitido a las corporaciones demandar a los Estados y restringir su libertad para regular en favor de los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente.”
Desde la elección en 2021 de la presidenta Xiomara Castro, Honduras se ha enfrentado a 10 casos del CIADI, el mayor de ellos de la empresa estadounidense Próspera, cuya demanda de casi USD 11,000 millones equivale a un tercio del producto interior bruto del país.
En concreto, Castro derogó leyes que creaban Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuyo objetivo era atraer a inversores extranjeros en un intento de impulsar la economía hondureña.
En junio de 2021, Naciones Unidas expresó su preocupación por el marco jurídico de las ZEDE y pidió un sistema alternativo.
Destacó que alrededor del 35% del territorio hondureño -principalmente zonas con poblaciones indígenas y afrodescendientes que carecían de una "consulta informada" sobre el sistema- estaba destinado al uso de las ZEDE.
Próspera creó una ZEDE en la isla hondureña de Roatán, a unas 40 millas (65 km) de la costa norte del país, y las leyes de la época le otorgaban soberanía sobre la isla, incluida la capacidad de crear sus propias leyes, tribunales, autoridades e impuestos.
Próspera carved outcreó una ZEDE a ZEDE on the Honduran island of Roatán, about 40 miles (65 km) off the country’s northern coast, and the laws at the time effectively gave it sovereignty over the island, including the ability to make its own laws, courts, authorities and taxes.
La ciudad autónoma estatutaria se hizo atractiva para los entusiastas de las criptomonedas al hacer que bitcoin fuera moneda de curso legal, crear un centro de educación de bitcoin y abrir su marco interno para aceptar la tecnología blockchain y las organizaciones autónomas descentralizadas.
Próspera recibió el rechazo de los habitantes de la isla, preocupados por su creciente tamaño y por la posibilidad de ser desplazados de sus tierras ancestrales.
La ONU también alegó que las comunidades cercanas a Próspera no habían sido consultadas ni informadas sobre el proyecto, lo que Próspera negó.
Reuters informó en febrero de que el ex jefe del organismo de control financiero de Honduras, José Luis Moncada, dijo que el acuerdo entre el país y Próspera sigue en pie.
Moncada dijo que Honduras está "obligada a respetar el resultado" de cualquier arbitraje presentado antes de finales de agosto, cuando está previsto que abandone el CIADI.Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
