Las autoridades surcoreanas aprobaron recientemente una propuesta de modificación de la Ley de Ética de la Función Pública para incluir los activos virtuales, entre ellos las criptomonedas.

En la actualidad, los funcionarios deben declarar acciones, bonos, joyas, membresías regaladas y otras posesiones por valor de más de un millón de wons coreanos, unos USD 760, pero la legislación surcoreana vigente no exige tal declaración para los activos digitales.

La propuesta llega tras el escándalo protagonizado por Kim Nam-kuk, antiguo miembro del Partido Democrático surcoreano. Se le acusa de haber vendido más de USD 4.5 millones en criptomonedas el año pasado, antes de que se modificara la ley para limitar este tipo de actividades.

En respuesta a las acusaciones, Kim afirma que no estaba obligado a revelar las actividades relacionadas con sus activos digitales y que nunca liquidó sus tenencias, que al parecer ascendían a unas 800,000 monedas Wemix (USD 4.5 millones), sino que se limitó a transferirlas a otro exchange. Posteriormente, Kim abandonó el Partido Demócrata de Corea del Sur para convertirse en independiente mientras preparaba su defensa.

El gobierno surcoreano ha respondido redactando una enmienda a la ley vigente que incluiría activos digitales como las criptomonedas en la legislación que obliga a revelar otros activos.

Según una traducción de una nota del gobierno relativa a la enmienda propuesta:

"Recientemente, se descubrió que un miembro activo de la Asamblea Nacional tiene una gran cantidad de activos virtuales, pero falta en los detalles de divulgación de la propiedad del legislador, que se señala como una laguna en la ley".

La enmienda fue propuesta y aprobada por un subcomité el 19 de mayo. Según el documento, se someterá a votación final en sesión plenaria el 25 de mayo.

Los legisladores surcoreanos han desplegado una intensa actividad en torno a la regulación de las criptomonedas y activos relacionados desde el colapso de Luna y la blockchain Terra en mayo de 2022. Esto incluye un amplio paquete de regulación de las criptomonedas propuesto en abril de 2023 que trataría de imponer penas más duras para los delitos relacionados con el aumento de las multas y sentencias que van desde un año a cadena perpetua.

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