La empresa WorldCoin, tras su prohibición en España, se ha defendido y ha alegado que ha mantenido una postura colaborativa con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Asimismo, destacó su compromiso con la autoridad de Baviera (BayLDA) y su cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en toda la Unión Europea.
De acuerdo con la organización, basándose en las regulaciones de la UE relacionadas con la aplicación del RGPD, sus contribuyentes han respondido regularmente a las solicitudes de BayLDA durante meses mientras han estado operando en España y otros países seleccionados de Europa.
Sin embargo, señalan que a pesar de sus esfuerzos por colaborar con las autoridades españolas, estas han estado eludiendo los procedimientos establecidos según el RGPD con sus acciones actuales, limitando sus acciones a España y no a la UE en general. En este sentido, WorldCoin también ha afirmado que las acusaciones “inexactas” y “engañosas” sobre su tecnología son infundadas. Por tal motivo calificó como lamentables los hechos acontecidos, puesto que, según ellos habían hecho esfuerzos por brindarles una visión precisa de Worldcoin y World ID y se quedaron sin respuesta durante meses.
Jannick Preiwisch, Oficial de Protección de Datos de la Fundación Worldcoin, subrayó el compromiso de la organización con la autoridades y argumentó lo siguiente:
"Estamos agradecidos de tener ahora la oportunidad de ayudar a la AEPD a comprender mejor los hechos importantes relacionados con esta tecnología esencial y legal. Durante varios meses, hemos estado comprometidos con BayLDA, que es la principal autoridad supervisora bajo el GDPR para la Fundación Worldcoin y Herramientas para la Humanidad."
La decisión de pausar los servicios de verificación de World ID en España ha sido tomada como respuesta a la prohibición impuesta por la AEPD, aunque la aplicación World App continúa disponible.
Bajo este contexto, Tools for Humanity, un colaborador del proyecto, ha presentado una demanda contra la orden de la AEPD, argumentando que la elusión de las normas aceptadas por la UE es motivo suficiente para cuestionar la legalidad de dicha prohibición:
“Llevamos meses en constante diálogo con nuestra principal autoridad de protección de datos en la UE, la Oficina Estatal de Supervisión de la Protección de Datos de Baviera (BayLDA). Nos decepcionó que el regulador español no cumpliera con la legislación aplicable de la UE. Por eso presentamos una demanda”, comunicaron.
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