En Argentina, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) recabará información sobre agentes involucrados en el mercado de criptoactivos, con el fin de identificar a los principales actores y el volumen de las transacciones realizadas. Este organismo busca controlar a quienes compren dólares con criptomonedas. Así lo informó El Cronista, el 13 de julio, en un artículo que lleva la firma de Mariano Gorodisch.
Según esa publicación, la operatoria con criptomonedas o activos virtuales está teniendo un seguimiento especial por parte de la UIF.
"Este contralor, de acuerdo a los lineamientos de la actual política económica y las recomendaciones internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el Grupo EGMONT (conformado por Unidades de Inteligencia Financiera del mundo), se origina en el crecimiento contínuo del mercado de monedas virtuales a nivel mundial, en parte derivado de la situación extraordinaria generada por la pandemia y ante la posibilidad de que estas operaciones constituyan, en realidad, maniobras de lavado de activos y financiación del terrorismo", escribió Gorodisch.
"El notable incremento de este tipo de operaciones llevó a que la UIF desarrollara una serie de acciones, advirtiendo que dichas maniobras podrían estar siendo efectuadas por personas que pretendan soslayar los estándares internacionales y evitar el sistema preventivo de lavado de activos. En este sentido, la UIF exhortó a los sujetos obligados a que establecieran un seguimiento reforzado de dichas operaciones a la vez que, según circula en la plaza, comenzó a recabar información de los principales agentes involucrados en el mercado de criptoactivos, con el fin de identificar a los principales actores y el volumen de las transacciones realizadas", agregó luego.
Por otra parte, según ese artículo, las últimas recomendaciones y actividades impulsadas por GAFI/Egmont tienen por objetivo que todas las UIF del mundo cuenten con herramientas para enfrentar los desafíos que presentan las operaciones con activos virtuales en la economía digital, así como las posibles respuestas legales que cada país pueda implementar.
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