Una juez federal de los Estados Unidos en Little Rock, Arkansas, impidió temporalmente a las autoridades del Estado de Arkansas que un ciudadano estadounidense naturalizado de ascendencia china operara una minera de criptomoneda.
El 25 de noviembre, la juez de distrito Kristine Baker emitió una orden de restricción temporal (TRO) en una demanda de Arkansas contra Jones Eagle, una empresa de minería de criptomonedas, informó el Arkansas Advocate.
El caso se basaba en dos leyes -la Ley 636 de 2023 y la Ley 174 de 2024- dirigidas contra empresas y propiedades de ciudadanos chinos.
Si bien la Ley 636 prohíbe la propiedad de bienes en Arkansas por parte de empresas o individuos relacionados con el gobierno chino, la Ley 174 prohíbe la propiedad de operaciones de minería de activos digitales por parte de entidades extranjeras.
La represión de la minería china de criptomonedas
En la demanda, el estado alegó que la minera de criptomonedas era propiedad de un chino llamado Qimin "Jimmy" Chen y exigió un cierre permanente.
Sin embargo, el acusado es un ciudadano estadounidense naturalizado que vive en Nueva York y había solicitado la TRO alegando discriminación ilegal basada en el origen nacional.
Declaración del acusado Qimin "Jimmy" Chen. Fuente: Arkansas Advocate
Según los documentos judiciales, Chen posee una participación mayoritaria en la empresa de criptominería a través de Eagle Asset Holding.
La minera de criptomonedas se prepara para la batalla judicial
La restricción temporal será efectiva durante 14 días, después de lo cual se celebrará una audiencia judicial para discutir una orden judicial preliminar y una extensión de la orden de restricción para prohibir que el estado de Arkansas tome medidas contra el ciudadano estadounidense naturalizado. El abogado de Chen, Alex Jones, declaró:
“La orden de restricción temporal y la medida cautelar impedirán que nuestro cliente sufra más daños mientras nos preparamos para un juicio sobre el fondo, en el que podremos exponer plenamente nuestros argumentos sobre por qué las leyes son inconstitucionales y reflejan una extralimitación legislativa.”
Chen alegó que anteriormente había presentado documentos al fiscal general para demostrar que el sitio de criptominería no estaba alojado en terrenos agrícolas. También intentó reunirse con las autoridades estatales en relación con su condición de ciudadano, pero se le denegó la interacción.
"He estado investigando una serie de operaciones de minería de criptomonedas y simplemente buscando los hechos, pero no todas las entidades han cooperado plenamente", dijo el fiscal general Tim Griffin en un comunicado.
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