Una empresa de minería de criptomonedas ha demandado a un juez y a un fiscal del condado de Arkansas por lo que considera una aplicación selectiva de la ley contra las empresas de criptomonedas.
En una demanda presentada ante el tribunal de distrito de Arkansas el 26 de septiembre, la firma de minería de bitcoin NewRays alega que el juez Allen Dodson, el fiscal Phil Murphy y otros están aplicando selectivamente la legislación sobre el ruido dirigida a sus operaciones comerciales.
NewRays adquirió la propiedad en el condado de Faulkner, Arkansas, en octubre de 2022 para operar un centro de datos para la minería de criptomonedas en un momento en que no había restricciones de zonificación relevantes.
Sin embargo, tras las quejas de los residentes, se promulgaron leyes locales que imponían límites de decibelios y sanciones penales por infracciones.
Captura de pantalla de la denuncia. Fuente: Law.com
Según la denuncia, la ordenanza -una ley o decreto local de un municipio- supuestamente viola la Ley de Centros de Datos de Arkansas promulgada en abril de 2023, que protege las grandes operaciones informáticas y de minería de datos de las normativas discriminatorias.
NewRays afirma que los demandados se coordinaron para hacer cumplir la ordenanza, potencialmente en beneficio de una demanda civil presentada por los residentes.
Las complicaciones legales surgieron cuando NewRays intentó trasladar la demanda civil a un tribunal federal, pero el tribunal de distrito del condado se declaró competente.
Justin Daniels, socio de Baker Donelson, dijo a Law.com que la práctica de ir tras las empresas de criptomonedas es común debido a la reputación de bitcoin y las críticas por la cantidad de energía que utiliza.
Los centros de formación de datos para inteligencia artificial hacen lo mismo, "y sin embargo no oigo las críticas", dijo antes de añadir:
“La razón es que el consenso general es que la IA tiene mucho valor y mucha gente piensa que Bitcoin no lo tiene.”
Sin embargo, el condado comenzó a discutir una "ordenanza de minería de criptomonedas" ya en junio de 2023, que fue diseñada intencionalmente para discriminar a los centros de datos y las operaciones de minería de criptomonedas, según la queja.
La denuncia alega que la "Ordenanza 23-20" estaba destinada a aplicarse solo a NewRays, a pesar de que otras empresas generaban más ruido.
NewRays ha solicitado que el tribunal dicte medidas cautelares preliminares y permanentes que impidan a todos los acusados aplicar la ordenanza.
Cointelegraph se puso en contacto con el juez Dodson para pedirle comentarios sobre la situación, pero no recibió una respuesta inmediata.
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