El banco central de Brasil completó las normas que someten a las empresas de criptomonedas a una supervisión similar a la de las entidades bancarias, clasificando las transacciones con stablecoins y determinadas transferencias de monederos de autocustodia como operaciones de cambio de divisas.
En virtud de las Resoluciones 519, 520 y 521, publicadas el lunes, el Banco Central do Brasil (BCB) estableció normas operativas y procedimientos de autorización para lo que denomina Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV), una nueva categoría de proveedores de servicios de activos virtuales con licencia que operan en el país.
El marco amplía las normas existentes en materia de protección del consumidor, transparencia y lucha contra el lavado de dinero (AML) a los corredores, custodios e intermediarios de criptomonedas.
Las normas entrarán en vigor el 2 de febrero de 2026, y la obligación de informar sobre las operaciones del mercado de capitales y transfronterizas comenzará el 4 de mayo de 2026.
Las stablecoins bajo las normas de cambio de divisas
En virtud de la Resolución 521, la compra, venta o intercambio de activos virtuales vinculados a monedas fiduciarias, incluidas las transferencias o pagos internacionales que utilicen dichos activos, se considerarán operaciones de cambio de divisas (FX).
Con esta clasificación, la actividad de las stablecoins estará sujeta al mismo escrutinio que las remesas transfronterizas o las operaciones con divisas.
Las instituciones de divisas autorizadas y los nuevos SPSAV podrán realizar estas operaciones, con sujeción a limitaciones de documentación y valor. Según el BCB, las transacciones con contrapartes extranjeras no autorizadas tendrán un límite de 100.000 dólares por transferencia.
Las normas también cubren las transferencias hacia y desde monederos autocustodiados cuando son intermediadas por un proveedor de servicios. Esto significa que los proveedores deben identificar al propietario de la cartera y mantener sus procesos de verificación del origen y el destino de los activos, incluso si la transferencia en sí no es transfronteriza.
Esta disposición amplía las obligaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y transparencia a ámbitos que antes se consideraban fuera del ámbito de las finanzas reguladas.
Aunque las normas no prohíben explícitamente la autocustodia, cierran una laguna importante en materia de información, obligando a los exchanges y corredores regulados a tratar las interacciones con monederos como operaciones formales de divisas.
El BCB afirma que el objetivo es promover la eficiencia y la seguridad jurídica
En el anuncio, el BCB afirmó que su objetivo es garantizar "una mayor eficiencia y seguridad jurídica", evitar el arbitraje regulatorio y alinear las criptoactividades con las estadísticas de la balanza de pagos (BoP) del país, lo que significa hacer visibles las transferencias de stablecoins en los datos financieros oficiales.
La medida se produce tras meses de consultas públicas y una creciente preocupación por parte del banco central sobre el predominio del uso de stablecoins en Brasil. El 7 de febrero, el presidente del BCB, Gabriel Galipolo, afirmó que alrededor del 90% de la criptoactividad en Brasil estaba relacionada con las stablecoins, utilizadas principalmente para pagos.
Galipolo señaló que el uso generalizado de las stablecoins en los pagos planteaba retos normativos y de supervisión, especialmente en ámbitos como el blanqueo de capitales y la fiscalidad.
El banco central de Brasil afirmó que el nuevo marco tiene como objetivo frenar las estafas y las actividades ilícitas, al tiempo que proporciona claridad jurídica a los criptomercados.
Las nuevas normas pueden afectar a las pequeñas empresas de criptomonedas.
Para los creadores de criptomonedas, esto puede aumentar los costes de cumplimiento y remodelar la forma en que las plataformas locales interactúan con la liquidez global. Las pequeñas empresas de criptomonedas se verán obligadas a competir con instituciones más grandes y a cumplir normas más estrictas, similares a las del sector bancario.
Las normas entrarán en vigor en febrero de 2026, pero se espera que los participantes en el mercado comiencen a reestructurarse antes de esa fecha.
Para Brasil, donde la cripto actividad es la segunda más importante de América Latina después de Argentina, las nuevas regulaciones suponen un cambio decisivo, pasando de la experimentación a la supervisión integrada.
Las nuevas normas muestran que las criptomonedas son bienvenidas en el ecosistema financiero brasileño, pero tendrán que seguir las mismas reglas que el dinero fiduciario.
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