En Brasil, a través de la consulta pública 111 se busca regular la inclusión de servicios de activos virtuales en el mercado cambiario del Banco Central de Brasil (BCB). Esto busca incluir actividades u operaciones de proveedores de servicios de activos virtuales en el mercado de divisas, según se dio a conocer a través de una publicación en el portal oficial de la presidencia de dicho país.
“Difunde consulta pública sobre propuesta de resolución del Banco Central de Brasil (BCB) encaminada a modificar la Resolución BCB nº 277, del 31 de diciembre de 2022, la Resolución BCB nº 278, del 31 de diciembre de 2022, y la Resolución BCB nº 279, del 31 de diciembre de 2022, para reglamentar el inciso V del art. 7º de la Ley N° 14.478, del 21 de diciembre de 2022, con el fin de incluir actividades u operaciones de proveedores de servicios de activos virtuales en el mercado de divisas y prever las hipótesis en las que deben someterse a la regulación de capitales brasileños en el exterior y de capitales extranjeros en el país”, detalló el documento.
Según se pudo conocer a través de la publicación, el BCB ha monitoreado el desarrollo de nuevas tecnologías, conceptos y modelos de negocios asociados a los activos virtuales y su relación con el mercado cambiario y los flujos y stocks de capital internacionales.
Posterior a este seguimiento determinaron que existe un “importante aumento de los volúmenes negociados y la conexión de estos activos con el sector financiero tradicional, el tema ha sido ampliamente discutido en foros internacionales, que recomiendan la adopción de regulación y supervisión compatible con las funcionalidades proporcionadas y los riesgos asociados a dichos activos”.
Además, plantearon que varios modelos de negocios que involucran activos virtuales pueden proporcionar mejoras en la prestación de servicios en el mercado de divisas y ofrecer formas más eficientes de realizar negocios en este mercado o utilizarlo con fines de inversión.
“La adopción de estos modelos también suscita preocupaciones, incluso en casos de interconexión con modelos tradicionales, que involucran aspectos como la protección de consumidores e inversores, la privacidad, la ciberseguridad, la prevención del uso con fines ilícitos, la integridad financiera y de mercado y el mantenimiento de los derechos fiscales y macroeconómicos”, informó la propuesta.
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