El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, afirma que un grupo de instituciones estatales "está avanzando" en el desarrollo de la criptorregulación, según informa el diario local La Tercera el viernes 7 de diciembre.
Según Larrain, el Ministerio de Hacienda está trabajando con el Banco Central de Chile y la Junta de Estabilidad Financiera para proporcionar un marco legal equilibrado para la criptoindustria. Señaló que las criptorregulaciones no son más que un aspecto de un proyecto más amplio destinado a proporcionar definiciones jurídicas para el sector de fintech. Larraín señaló que la criptorregulación podría llevar tiempo:
"Somos conscientes de que es importante avanzar en esta dirección. Pero todos los países del mundo se enfrentan a problemas similares [con la criptorregulación], y no hay una varita mágica para resolverlos. Estamos explorando las mejores soluciones para ver cómo regular este nuevo fenómeno".
En marzo, tras el cierre de cuentas de criptonegocios en los principales bancos chilenos, Larrain prometió desarrollar un marco legal para normalizar la situación. Nueve meses después, sin embargo, no se ha presentado ninguna legislación de este tipo, aunque el parlamento chileno ha hecho algunas incursiones en la regulación de la tecnología de cadenas de bloques.
La reciente declaración de Larrain llega poco después de que una decisión de la Corte Suprema chilena, anuló un fallo anterior de un tribunal antimonopolio para proteger el criptointercambio local Orionx y para reabrir sus cuentas bancarias. En la decisión, un juez afirmó que las criptomonedas "no tienen manifestación física ni valor intrínseco".
A pesar de las alarmantes publicaciones en los medios de comunicación locales, los criptoempresarios de Chile dijeron a Cointelegraph que la nueva decisión no tiene nada que ver con la prohibición de los criptointercambios. Tanto Orionx como Buda.com, que han estado involucrados en una batalla legal desde marzo, aseguran que sus cuentas bancarias no se verán afectadas, ya que la decisión del tribunal antimonopolio sigue en vigor.