CoinDesk estaría planeando despidos en su departamento editorial antes de la venta de una participación en la publicación a los inversores, según informan los medios de comunicación. 

TechCrunch escribió que el CEO de CoinDesk, Kevin Worth, envió un correo electrónico interno advirtiendo: "varios roles, predominantemente en nuestro equipo de medios, se vieron afectados por una reducción de personal." Otras fuentes estimaron la reducción de personal en un 16% o un 45%. Un recorte del 45% representaría unas 20 personas, según los informes.

De acuerdo con el correo electrónico filtrado, se celebrará una reunión de "todos los empleados" en CoinDesk a las 4:00 pm ET el 14 de agosto. CoinDesk no ha respondido a una solicitud de Cointelegraph para obtener más información, al cierre de esta edición. Los informes sobre la venta de CoinDesk han circulado durante todo el año.

Sabes, me acabo de dar cuenta de que Coindesk está a la venta.

El 20 de julio, The Wall Street Journal informó sobre un supuesto acuerdo para vender una participación en el medio de comunicación de criptomonedas. Al parecer, los criptoinversores Matthew Roszak, de Tally Capital, y Peter Vessenes, de Capital6, lideraban el intento de adquirir una participación de USD 125 millones en la empresa.

CoinDesk es actualmente propiedad del Digital Currency Group (DCG), dirigido por Barry Silbert, que también es la empresa matriz de Grayscale Investments, Genesis, Foundry y Luno.

DCG se ha visto afectada por el invierno de las criptomonedas de varias maneras. Genesis se declaró en quiebra en enero, después de haber estado en terreno financiero inestable durante meses tras la quiebra de Three Arrows Capital, que tenía una deuda con DCG de USD 1,100 millones. El exchange Gemini demandó posteriormente a DCG para recuperar el dinero inmovilizado en el programa Earn de Genesis.

También en enero, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Genesis y Gemini por ventas de valores no registradas. Según un informe de principios de agosto, DCG también es objeto de una investigación del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y, por separado, de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

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