Un ciudadano chino con doble nacionalidad se declaró culpable de ayudar a lavar USD 73 millones robados mediante varias estafas de criptomonedas.
Daren Li, de 41 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el esquema, que según los fiscales recaudó millones a través de estafas de criptoinversión, incluyendo pig butchering, desde alrededor de agosto de 2021 hasta el 12 de abril de 2024, según un acuerdo de culpabilidad presentado el 11 de noviembre en un tribunal federal de California.
Li admitió que instruyó a otros para que abrieran cuentas bancarias con sede en Estados Unidos bajo compañías fantasma para “ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad” de los fondos, según la declaración.
Daren Li admitió que ayudó a sus socios a lavar millones en fondos robados a través de varias criptoestafas. Fuente: CourtListener
Después de que las víctimas transfirieran millones de dólares a las cuentas, los fondos se convertían en Tether y se distribuían a monederos controlados por Li y sus cómplices.
Uno de los monederos implicados en el esquema había recibido más de USD 341 millones en activos digitales, según documentos judiciales.
La jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, Nicole M. Argentieri, dijo en una declaración del 12 de noviembre que Li cometió este delito fuera de EE.UU., utilizando “una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales”.
Li admitió que USD 73.6 millones en fondos robados se depositaron directamente en cuentas bancarias asociadas al plan, y que al menos USD 59.8 millones se depositaron desde empresas ficticias estadounidenses que ayudaron a lavar las ganancias.
Fue detenido en el aeropuerto de Atlanta (Georgia) el 12 de abril, mientras que su presunto cómplice, Yicheng Zhang, fue arrestado en Los Ángeles el 16 de mayo.
Después de que Li se declarara culpable, el juez R. Gary Klausner programó para él una vista de sentencia el 3 de marzo de 2025.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad vigilada y una multa de USD 500,000 o el doble del bruto resultante del delito, la que sea mayor.
Como parte de la sentencia, los fiscales también señalaron la posibilidad de que se le “exija el pago de una indemnización completa a las víctimas”, que podría oscilar entre USD 4.5 y 73 millones.
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