En El Salvador ha sido aprobada una ley que busca organizar y regular la emisión de activos digitales. Esta iniciativa fue propuesta ante la Asamblea Legislativa el 14 de noviembre de 2022 y el día 11 de enero fue aprobado en plenaria con 62 votos a favor de los 84 escaños que conforman el recinto legislativo salvadoreño.

En este contexto, el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter anunció la noticia indicando que “La Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar, por abrumadora mayoría, la nueva Ley de Activos Digitales. Adelante, siempre adelante”.

Aspectos Claves de la Ley de Emisiones de Activos Digitales

La ley define al activo digital como “una representación digital que puede almacenarse, transferirse electrónicamente, utilizando un sistema de Tecnología de Registro Distribuida, o tecnología similar o análoga, en la cual los registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones”.

La normativa crea la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin. La Comisión tendrá la responsabilidad de la aplicación de la ley en cuestión, tendrá la responsabilidad de administrar los registros de los emisores de activos digitales como se han denominado, y ejercerá la supervisión y control sobre el cumplimiento de las normas que se detallan en la normativa.

La Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, por su parte, será la encargada de administrar los fondos provenientes de las ofertas públicas de activos digitales que efectúe el estado y administrar también los rendimientos provenientes de estas mismas ofertas.

Esta agencia tendrá la capacidad de “invertir diligentemente” los fondos que administre, así como también se le confiere la autoridad de supervisión y fiscalización sobre los proyectos en los que invierta.

Así mismo, establece que los proveedores de servicios de activos digitales, así como los certificadores, deberán pagar en impuestos un monto igual a quince salarios mínimos por única vez para poder el registro, o certificado como proveedor de servicios, lo que equivaldría a un poco más de cinco mil dólares actualmente, entre otros requisitos.

Se crean sendos registros, uno para los emisores de activos digitales, que deberán proporcionar una información detallada sobre la actividad previa a la empresa si ya se encuentra constituida, a los fines de determinar si ya han efectuado otras ofertas de activos públicas. Además de la exigencia de evitar la publicidad engañosa en estas ofertas.

El otro registro que se habilita es para los Certificadores, que no es más que la entidad pública o privada que se encargará de revisar, fiscalizar, auditar toda la documentación financiera, legal, técnica, que engloba la oferta pública. En razón de ello, deberá emitir un informe vinculante para determinar la viabilidad de esta oferta pública y remitirlo a la Comisión Nacional de Activos Digitales que, para poder aprobar el lanzamiento de esta oferta pública, tomará en cuenta sólo los dictámenes favorables emitidos por los certificadores.

En este sentido, se han creado dos instituciones estatales adicionales para asegurar que los interesados en instalarse e invertir en el país para dedicarse a la industria criptográfica, tengan la certeza y seguridad jurídica de contar con un marco legal que regula la actividad con reglas claras e iguales para los actores que deseen iniciar sus operaciones en El Salvador.

Para ello, la normativa establece una serie de exclusiones bajo su alcance regulatorio, entre ellas se aclaran las monedas digitales emitidas por los bancos centrales de cualquier país, los activos digitales que son de curso legal o sean declaradas como tal, los activos digitales que únicamente pueden ser intercambiados por un bien o servicio exclusivamente provisto por el emisor, o si lo proveen otras entidades, estas deben ser un número limitado y determinado.

Dentro del cuerpo normativo no se hace referencia a qué tratamiento se le darán a los tokens no fungibles, ni tampoco hace mención alguna sobre los tokens derivados de los juegos criptográficos.

El futuro inmediato de la norma es permitir la emisión del nombrado Volcano Bond, que se trata de un token destinado a recaudar unos mil millones de dólares. Este proyecto que había sido anunciado por el presidente salvadoreño en noviembre de 2022 y servirá como financiamiento de la denominada Bitcoin City, que se traduce en una especie de zona franca para el comercio de las criptomonedas.

El Golfo de Fonseca en la costa sur de El Salvador será el epicentro de esta zona, en la que se ha planteado ofrecer a los inversionistas incentivos fiscales con una regulación amistosa que persigue atraer la inversión extranjera para crear una zona minera de criptomonedas importante, con la particularidad de que, en este caso, se usará la energía geotérmica de los volcanes del país.

En este sentido, La Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, creada en noviembre de 2022, emitió a través de la cuenta oficial de la red social Twitter, que, con la promulgación de esta ley, próximamente serán emitidos estos bonos volcán.

Además, a través de un comunicado oficial en Bitfinex, se dio a conocer que: “será un proveedor de tecnología para el Token Volcán de la nación, que se espera que avance ahora que el nuevo marco regulatorio está en su lugar. Estamos viendo este desarrollo con entusiasmo, junto con el resto de la comunidad de Bitcoin”.

Como en toda democracia, la ley fue aprobada con una mayoría de 62 a favor, pero quienes se oponen han expresado sus impresiones sobre esta regulación a la que tildan de fomentar el lavado de dinero a través de la minería de los criptoactivos.

De esta manera la Asamblea Legislativa comunicó en la red social Twitter el esquema de votación mediante la que se aprobó la nueva Ley de Emisión Activos Digitales.

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