El 16 de julio, Elon Musk anunció que trasladará las oficinas centrales de X y SpaceX de California a Texas en respuesta a la aprobación del Proyecto de Ley AB1955 por parte del Gobernador Gavin Newsom, el cual criticó como anti-familia. Musk también citó el clima regulatorio hostil de California como una razón para la reubicación.
Según el multimillonario, las oficinas centrales de X se trasladarán a Austin, Texas, y las oficinas centrales de SpaceX se trasladarán a Starbase, Texas.
Tras su anuncio, Musk comentó que “ya tuvo suficiente de esquivar pandillas violentos de adictos a las drogas solo para entrar y salir del edificio” antes de comentar sobre el proyecto de ley.
"Dejé claro al Gobernador Newsom hace aproximadamente un año que leyes de esta naturaleza obligarían a las familias y empresas a abandonar California para proteger a sus hijos".
California: ¿hostil hacia las criptomonedas?
Musk ha sido un firme defensor de las criptomonedas en el pasado, aunque su posición sobre la minería de Bitcoin cambió en 2021. California tiene uno de los climas regulatorios financieros más estrictos de los Estados Unidos, lo que impacta directamente en las criptomonedas.
En 2023, Gavin Newsom firmó la “Ley de Activos Financieros Digitales”, que impuso estrictos requisitos de declaración y exigió que las entidades y personas obtuvieran una licencia del Departamento de Protección y Innovación Financiera (DFPI) para realizar ciertas actividades relacionadas con criptomonedas.
El proyecto de ley, que entrará en vigor en 2025, también requiere que quienes posean la licencia mantengan registros empresariales y datos sensibles durante cinco años.
Anteriormente, en 2022, Newsom rechazó firmar un proyecto de ley similar, argumentando que este intento de regular los mercados de criptomonedas no logró crear regulaciones a prueba de fallos que se mantuvieran al día con el cambiante panorama de los activos digitales.
Más recientemente, un juez de California permitió que avanzara una demanda acusando a Ripple de vender valores no registrados, a pesar de un fallo anterior de la jueza Analisa Torres, que estableció que las ventas secundarias de XRP no constituían ventas de valores. El fallo se basó en la opinión de que los tokens XRP no cumplen con los criterios de valores de la Comisión de Bolsa y Valores bajo la prueba Howey.
La aprobación del caso por parte de la jueza, Phyllis Hamilton, dejará en manos de un jurado decidir si el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, hizo "declaraciones engañosas" en 2017 sobre sus convicciones públicas hacia XRP mientras simultáneamente vendía parte de sus tenencias.
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