Los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre las normas que rigen el uso de la inteligencia artificial (IA) el viernes 8 de diciembre.

El acuerdo cubre el uso gubernamental de la IA en la vigilancia biométrica, la regulación de sistemas de IA como ChatGPT y las reglas de transparencia a seguir antes de la entrada al mercado. Esto incluye documentos técnicos, el cumplimiento del copyright de la Unión Europea y el intercambio de resúmenes de contenido de formación.

La UE desea ser la primera autoridad supranacional con leyes sobre la IA, especificando cómo debe utilizarse de manera beneficiosa y al mismo tiempo protegiendo contra riesgos. El acuerdo se alcanzó después de casi 24 horas de debate el 8 de diciembre y 15 horas de negociaciones posteriores.

El acuerdo estipula que los modelos de IA con impacto significativo y riesgos sistémicos deben evaluar y abordar esos riesgos, realizar pruebas adversarias para la resistencia del sistema, informar incidentes a la Comisión Europea, garantizar la ciberseguridad y divulgar la eficiencia energética.

"La implementación correcta será esencial; el Parlamento supervisará de cerca el respaldo a nuevas ideas empresariales con entornos de prueba y reglas efectivas para los modelos más potentes."

Después de que se hizo el acuerdo, el Comisionado Europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, publicó en X (anteriormente Twitter): "¡Histórico! El #AIAct es mucho más que un libro de reglas, es una plataforma de lanzamiento para las startups y los investigadores de la UE para liderar la carrera global de la IA. ¡Lo mejor está por venir!"

Según el acuerdo, la inteligencia artificial de propósito general con riesgos debe seguir códigos. Los gobiernos solo pueden utilizar la vigilancia biométrica en tiempo real en casos específicos como ciertos delitos o amenazas graves en espacios públicos.

El acuerdo prohíbe la manipulación cognitiva del comportamiento, la obtención de imágenes faciales de internet o imágenes de CCTV, la puntuación social y los sistemas biométricos que infieren detalles personales como creencias y orientación. Los consumidores tendrían derecho a presentar quejas y obtener explicaciones.

Las multas por violaciones oscilarían entre 7.5 millones de euros (USD 8.1 millones) o el 1.5% de los ingresos hasta 35 millones de euros (USD 37.7 millones) o el 7% de los ingresos globales, según la infracción y el tamaño de la empresa.

Según el comunicado del Parlamento Europeo, el texto acordado deberá ser adoptado formalmente por el parlamento y el consejo antes de convertirse en ley de la UE. Los comités de mercado interno y libertades civiles del parlamento votarán sobre el acuerdo en una próxima reunión.

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