La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha publicado su informe final de directrices para los estados miembros que realizan la transición final a la regulación de los Mercados de Criptoactivos (MiCA).
Las leyes formadas bajo las regulaciones de MiCA comenzaron a entrar en vigor en junio de 2024, con la implementación final programada para el 30 de diciembre. Las últimas y definitivas directrices de la ESMA están destinadas a ayudar a los estados miembros que aún buscan claridad regulatoria en sus implementaciones finales antes del plazo.
Como informó Cointelegraph, el mercado de stablecoins ha crecido bajo las directrices de MiCA. Sin embargo, tan recientemente como el 10 de diciembre, al menos seis estados miembros de la Unión Europea —Bélgica, Italia, Polonia, Portugal, Luxemburgo y Rumanía— informaron dificultades para cumplir con el plazo de fin de año debido a la incertidumbre y la falta de claridad regulatoria en los documentos iniciales de MiCA.
Según el informe final de directrices de la ESMA:
“Los interesados en general apreciaron la claridad de las directrices preliminares y el enfoque integral adoptado por la ESMA. Varios encuestados destacaron la necesidad de una mayor claridad sobre criterios y condiciones específicos, mientras que otros expresaron preocupaciones sobre la posible carga administrativa que podrían imponer las directrices preliminares.”
Incertidumbre regulatoria
Los estados miembros y las partes interesadas de la industria participaron activamente durante el período de comentarios entre los informes de las asociaciones, con la participación de decenas de estados miembros y partes interesadas. Los comentarios resultaron en directrices de la ESMA sobre 12 preocupaciones distintas, la mayoría relacionadas con la clarificación de clasificaciones para activos específicos y su uso legal.
La principal preocupación fue que los estados miembros llegarían a diferentes interpretaciones de muchas leyes de MiCA debido a explicaciones insuficientes.
“Varios encuestados destacaron el potencial de incertidumbre legal debido al alcance de las directrices y a la forma en que las condiciones y criterios detallados en las directrices podrían ser entendidos por las ACN [autoridades competentes nacionales]”, escribió la ESMA, añadiendo que esto podría llevar a “interpretaciones divergentes entre los estados miembros.”
Para abordar estas preocupaciones, la ESMA incluyó una serie de escenarios explicativos que cubren diversos aspectos de la regulación de activos digitales bajo MiCA. Sin embargo, según el informe, MiCA ha optado por no proporcionar ejemplos del “mundo real” porque las directrices no pueden expresar una opinión sobre la clasificación de criptomonedas específicas u otros activos similares.
El informe también abordó preocupaciones sobre las directrices de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros II (MiFID II) de la UE. MiFID II se implementó después de la crisis financiera global de 2008 para estandarizar las prácticas financieras en el bloque.
Los estados miembros están solicitando una actualización de la regulación para incluir una definición clara de los criptoactivos como instrumentos financieros. En respuesta, las directrices de la ESMA sugieren proporcionar mayor claridad sobre las reglas de MiFID II sin cambiar la definición de instrumentos financieros. Esto presumiblemente buscaría un equilibrio entre determinar las condiciones y criterios utilizados para clasificar los criptoactivos y permitir un enfoque de regulación “talla única”.
Los estados miembros también expresaron preocupaciones sobre la falta de claridad en las leyes de MiCA para tomar decisiones sobre qué activos eran legalmente transferibles, cómo promover y garantizar la “neutralidad tecnológica” bajo las reglas actuales, y cómo se aplicaban clasificaciones como “valores”, “derivados” y derechos de emisión a diferentes tipos de criptoactivos.
A pesar de ser el Informe Final de Directrices antes del plazo del 30 de diciembre, la ESMA escribió a lo largo del documento de 49 páginas que continuaría trabajando con legisladores y partes interesadas para desarrollar una mayor claridad sin cambiar la letra de las leyes.
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