Puntos principales
La electricidad barata y subvencionada de Libia hacía rentable el funcionamiento incluso de mineros de Bitcoin antiguos e ineficientes.
Se estima que, en su momento álgido, Libia generó alrededor del 0,6 % de la tasa de hash global de Bitcoin.
La minería opera en una zona gris legal, ya que se prohíbe la importación de hardware, pero no existe una ley clara que regule la minería en sí.
Las autoridades ahora relacionan las granjas mineras ilegales con la escasez de energía y están intensificando las redadas y los procesos penales.
En noviembre de 2025, los fiscales libios dictaron discretamente sentencias de tres años de prisión para nueve personas sorprendidas operando mineros de Bitcoin dentro de una fábrica de acero en la ciudad costera de Zliten.
El tribunal ordenó la incautación de sus máquinas y la devolución al Estado de los beneficios generados ilegalmente, la última de una serie de redadas de alto perfil que se han extendido desde Bengasi hasta Misrata e incluso han detenido a docenas de ciudadanos chinos que operaban granjas a escala industrial.
Sin embargo, estas medidas represivas se dirigen contra una industria que, hasta hace poco, la mayoría de los extranjeros ni siquiera sabían que existía. En 2021, Libia, un país más conocido por sus exportaciones de petróleo y sus apagones continuos, representaba alrededor del 0,6 % de la tasa de hash global de Bitcoin. Eso lo situaba por delante de todos los demás Estados árabes y africanos e incluso de varias economías europeas, según las estimaciones del Cambridge Centre for Alternative Finance.
Este improbable auge se debió a la electricidad barata y fuertemente subvencionada y a un largo período de ambigüedad legal e institucional que permitió a los mineros expandirse más rápido de lo que los legisladores podían reaccionar.
En las secciones siguientes, analizaremos cómo Libia se convirtió en un centro clandestino de minería, por qué su red eléctrica se encuentra ahora bajo una gran presión y qué significa la escalada de medidas represivas del Gobierno para los mineros de Bitcoin (BTC) que operan en Estados frágiles.
¿Sabías que desde 2011 Libia ha tenido más de una docena de gobiernos rivales, milicias o centros de poder político, lo que ha dado lugar a largos periodos en los que ninguna autoridad ha podido aplicar una política energética o económica a nivel nacional?
La economía de la electricidad "casi gratuita"
El auge de la minería en Libia comienza con una cifra que parece casi irreal. Algunas estimaciones sitúan el precio de la electricidad del país en torno a los 0,004 dólares por kilovatio-hora, uno de los más bajos del mundo. Ese nivel solo es posible porque el Estado subvenciona en gran medida el combustible y mantiene las tarifas artificialmente bajas, incluso cuando la red eléctrica se enfrenta a daños, robos y falta de inversión.
Desde una perspectiva económica, estos precios crean un poderoso arbitraje para los mineros. En la práctica, están comprando energía muy por debajo de su coste real de mercado y convirtiéndola en Bitcoin.
Para los mineros, esto cambia por completo la ecuación del hardware. En los mercados de alto coste, solo los ASIC más recientes y eficientes tienen posibilidades de seguir siendo rentables. En Libia, incluso las máquinas de generaciones anteriores que en Europa o Norteamérica serían chatarra, pueden seguir generando un margen, siempre que se alimenten con energía subvencionada.
Esto, naturalmente, hace que el país sea atractivo para los traders extranjeros dispuestos a enviar equipos usados y aceptar riesgos legales y políticos.
Los análisis regionales sugieren que, en su punto álgido alrededor de 2021, la minería de Bitcoin en Libia pudo haber consumido aproximadamente el 2 % de la producción total de electricidad del país, alrededor de 0,855 teravatios-hora (TWh) al año.
En una red eléctrica rica y estable, ese nivel de consumo podría ser manejable. En Libia, donde los apagones continuos ya forman parte de la vida cotidiana, desviar tanta energía subvencionada a salas de servidores privadas es un problema grave.
En el mapa mundial de la minería, Estados Unidos, China y Kazajistán siguen dominando en cuanto a tasa de hash absoluta, pero la cuota de Libia destaca precisamente porque se consigue con una población reducida, una infraestructura dañada y electricidad barata.
¿Sabías que, según la Compañía General de Electricidad de Libia (GECOL), este país pierde hasta el 40 % de la electricidad que genera antes de que llegue a los hogares debido a los daños en la red, los robos y las pérdidas técnicas?
Dentro del auge de la minería clandestina en Libia
Sobre el terreno, el auge de la minería en Libia no se parece en nada a un elegante centro de datos en Texas o Kazajistán. Los informes procedentes de Trípoli y Bengasi describen hileras de ASIC importados apiñados en fábricas de acero y hierro abandonadas, almacenes y recintos fortificados, a menudo en las afueras de las ciudades o en zonas industriales donde el elevado consumo de electricidad no llama inmediatamente la atención.
¿Sabías que...? Para evitar ser detectados, algunos traders en Libia supuestamente vierten cemento sobre partes de sus instalaciones para difuminar las señales de calor, lo que dificulta que las autoridades los localicen mediante imágenes térmicas.
La cronología de la aplicación de la ley muestra lo rápido que ha crecido esta economía subterránea. En 2018, el Banco Central de Libia declaró ilegal el comercio o el uso de monedas virtuales, alegando riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Sin embargo, en 2021, los analistas estimaron que Libia era responsable de alrededor del 0,6 % de la tasa de hash global de Bitcoin, la cuota más alta del mundo árabe y África.
Desde entonces, las redadas han revelado la magnitud de esta actividad. En abril de 2024, las fuerzas de seguridad de Bengasi incautaron más de 1.000 dispositivos en un solo centro que se cree que ganaba alrededor de 45.000 dólares al mes.
Un año antes, las autoridades detuvieron a 50 ciudadanos chinos y, según se informa, confiscaron alrededor de 100.000 dispositivos en una de las mayores redadas contra las criptomonedas del continente.
A finales de 2025, la fiscalía consiguió condenas de tres años de prisión para nueve personas que habían convertido una fábrica de acero de Zliten en una granja minera clandestina (la inspiración para este artículo).
Los expertos jurídicos citados en los medios de comunicación locales afirman que los traders apuestan por que los precios bajísimos de la electricidad y la gobernanza fragmentada les mantendrán un paso por delante. Aunque se desmantelen algunas granjas grandes, los miles de equipos más pequeños repartidos por hogares y talleres son mucho más difíciles de encontrar y, en conjunto, suponen una carga importante para la red eléctrica.
Prohibido, pero no exactamente ilegal
Sobre el papel, Libia es un país en el que Bitcoin no debería existir en absoluto. En 2018, el Banco Central de Libia (CBL) emitió una advertencia pública en la que afirmaba que "las monedas virtuales como Bitcoin son ilegales en Libia" y que cualquiera que las utilizara o comerciara con ellas no tendría protección legal, citando los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Sin embargo, siete años después, todavía no existe una ley específica que prohíba o autorice claramente la minería de criptomonedas. Como explicó la experta jurídica Nadia Mohammed a The New Arab, la legislación libia no ha tipificado explícitamente como delito la minería en sí. En cambio, los mineros suelen ser procesados por lo que la rodea: consumo ilegal de electricidad, importación de equipos prohibidos o uso de los ingresos para fines ilícitos.
El Estado ha intentado colmar algunas lagunas. Un decreto del Ministerio de Economía de 2022 prohíbe la importación de hardware de minería, pero las máquinas siguen entrando a través de rutas grises y de contrabando.
La ley sobre delitos informáticos del país va más allá al definir las criptomonedas como "un valor monetario almacenado en un medio electrónico... no vinculado a una cuenta bancaria", reconociendo de hecho los activos digitales sin especificar si su minería es legal.
Esa ambigüedad contrasta con la de otros países de la región. Argelia ha pasado a criminalizar de forma generalizada el uso, el comercio y la minería de criptomonedas, mientras que Irán aplica un mosaico de licencias y medidas represivas periódicas vinculadas a sus subsidios eléctricos y a la escasez de energía.
En el caso de Libia, el resultado es un clásico arbitraje regulatorio. La actividad es arriesgada y mal vista, pero no está claramente prohibida, lo que la hace extremadamente atractiva para los mineros dispuestos a operar en la sombra.
Cuando los mineros y los hospitales comparten la misma red
El auge de Bitcoin en Libia está conectado a la misma frágil red que mantiene en funcionamiento los hospitales, las escuelas y los hogares, a menudo por los pelos. Antes de 2022, algunas partes del país sufrían apagones de hasta 18 horas al día, ya que los daños causados por la guerra, el robo de cables y la falta crónica de inversiones hacían que la demanda superara con creces la oferta fiable.
En ese sistema, las granjas mineras ilegales añaden una carga constante y voraz de energía. Las estimaciones citadas por funcionarios libios y analistas regionales sugieren que, en su momento álgido, la minería de criptomonedas consumía aproximadamente el 2 % de la producción nacional de electricidad, alrededor de 0,855 TWh al año.
The New Arab señala que se trata de energía que se desvía efectivamente de los hospitales, las escuelas y los hogares normales en un país en el que mucha gente ya está acostumbrada a planificar su día en función de los cortes repentinos.
En ocasiones, las autoridades han dado cifras llamativas sobre operaciones individuales, afirmando que las grandes granjas pueden consumir entre 1.000 y 1.500 megavatios, el equivalente a la demanda de varias ciudades de tamaño medio. Es posible que esas cifras sean exageradas, pero reflejan una preocupación real dentro de la compañía eléctrica: las cargas mineras "siempre activas" pueden echar por tierra las recientes mejoras y empujar a la red hacia apagones continuos, especialmente en verano.
También hay una historia más amplia sobre los recursos. Los comentaristas vinculan la represión de las criptomonedas con una crisis energética e hídrica más amplia, en la que los combustibles subvencionados, las conexiones ilegales y el estrés climático ya suponen una carga para el sistema.
En este contexto, todas las noticias sobre granjas clandestinas que convierten la energía barata y subvencionada en ingresos privados en bitcoins corren el riesgo de agravar el resentimiento público, sobre todo cuando la gente se queda a oscuras mientras las plataformas siguen funcionando.
¿Regular, gravar o erradicar?
Los responsables políticos libios están ahora divididos sobre qué hacer con una industria que claramente existe, consume recursos públicos, pero que técnicamente vive en un vacío legal.
Los economistas citados en los medios de comunicación locales y regionales sostienen que el Estado debería dejar de fingir que la minería no existe y, en su lugar, conceder licencias, medir y gravarla. Señalan el Decreto 333 del Ministerio de Economía, que prohibió la importación de equipos de minería, como prueba de que las autoridades ya reconocen la magnitud del sector y sugieren que una industria regulada podría aportar divisas y crear puestos de trabajo para los jóvenes libios.
Los banqueros y los responsables de cumplimiento normativo opinan lo contrario. Para ellos, la minería está demasiado ligada al robo de electricidad, las rutas de contrabando y los riesgos de lavado de dinero como para normalizarla de forma segura.
El director de sistemas de Unity Bank ha pedido al Banco Central que aplique normas aún más estrictas, advirtiendo que el rápido crecimiento del uso de las criptomonedas —se estima que 54.000 libios, es decir, el 1,3 % de la población, ya hacían holding de criptomonedas en 2022— está superando las medidas de protección existentes.
Este debate va más allá de Libia. En diversas partes de Oriente Medio, África y Asia Central se repite una y otra vez la misma fórmula: energía barata, instituciones débiles y una industria minera ávida.
Los analistas del CSIS y EMURGO África señalan que, sin una regulación creíble y unos precios energéticos realistas, la minería puede agravar las crisis energéticas y complicar las relaciones con prestamistas como el Fondo Monetario Internacional, aunque sobre el papel parezca dinero fácil.
Para Libia, la verdadera prueba es si puede pasar de las redadas puntuales y las prohibiciones de importación a una elección clara: integrar la minería en su estrategia energética y financiera o cerrarla de forma definitiva.
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