En una publicación de Paula Rodríguez Medalla, abogada especialista en cumplimiento normativo y tecnologías, se dio a conocer que la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay, este pasado 15 de diciembre, ha aprobado un proyecto de ley que trata sobre la regulación de los activos virtuales y lo remitió al Senado de esa nación.

En el proyecto de Ley se propone que los proveedores de servicios de activos digitales que se definan como “financieros” sean agrupados en la normativa del Banco Central de Uruguay.

En este sentido, el proyecto de ley de autoriza al Banco Central de ese país a regular las empresas o personas que comercian con activos virtuales, y permitiendo que la entidad bancaria pueda manejar a criterio la definición de actividades criptográficas que se encuentren comprendidas dentro de la actividad de estas empresas o personas.

De igual forma, el proyecto de ley establece que la superintendencia de Servicios Financieros deberá reglamentar y controlar la actividad de las entidades que presten servicios de menudeo, es decir de compra y venta de estos activos digitales, excluyendo de su ámbito el tener que definir el alcance de este tipo de actividades.

En retrospectiva, el Banco Central de Uruguay ha definido con anterioridad a los activos virtuales como “Representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido o similares” reseña Paula Rodríguez Medalla en su publicación.

De esta manera, las entidades que se dediquen al intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario podrían estar bajo la regulación y supervisión del Banco Central.

La ambigüedad del proyecto permite que incluso el mercadeo de tokens no fungibles puede estar regulados bajo esta ley a pesar de no ser criptomonedas, pero gracias a la potestad otorgada a la entidad bancaria de interpretación y definición pudieran estar este tipo de activos digitales amparados por la normativa.

Así mismo, esta amplitud puede agrupar las monedas estables, y cualquier otro tipo de transacción en la cripto industria, vale decir finanzas descentralizadas, metaverso y en general las transacciones que generen algún tipo de compraventa de activos digitales, y en relación a ese espacio puede estar bajo la regulación del Banco Central.

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