La economía mexicana se encuentra en un momento crucial, lidiando con una inflación persistente que ha captado la atención de ciudadanos, empresas y analistas.
La inflación en México surge de una combinación de factores externos e internos. Por un lado, la inflación importada y las interrupciones en las cadenas de suministro globales elevan el costo de energéticos, alimentos y otras mercancías que México importa. Esto, al reducir la disponibilidad, empuja los precios al alza. Internamente, una demanda robusta que la oferta no satisface, la depreciación del peso encareciendo las importaciones, aumentos salariales por encima de la productividad, y políticas fiscales expansivas que inyectan demasiada liquidez, también contribuyen a la presión inflacionaria.
Las consecuencias de una inflación elevada son palpables y se extienden a todos los estratos de la sociedad. La más directa y sentida por los ciudadanos es la pérdida de poder adquisitivo. El dinero en los bolsillos vale menos, lo que significa que los salarios y los ahorros permiten comprar una menor cantidad de bienes y servicios. Esta erosión del poder de compra golpea con mayor fuerza a las familias de menores ingresos, quienes destinan una proporción mayor de sus recursos a bienes esenciales cuyos precios suelen ser los primeros en dispararse. La inflación también siembra incertidumbre económica, dificultando la planificación a largo plazo tanto para las empresas como para los consumidores, lo que inevitablemente desalienta la inversión productiva y el consumo duradero.
A nivel macroeconómico, la alta inflación puede llevar a una disminución de la competitividad de los productos nacionales. Si los precios internos aumentan más rápido que los de los socios comerciales, las exportaciones mexicanas se encarecen, perdiendo atractivo en los mercados internacionales. En un intento por contener el alza de precios, el banco central, en este caso Banxico, se ve compelido a aumentar las tasas de interés. Si bien esta medida busca enfriar la economía y controlar la inflación, también encarece el crédito, lo que puede ralentizar la inversión y el consumo, impactando el crecimiento económico. Otro efecto menos obvio, pero igualmente relevante es la redistribución de la riqueza: la inflación puede beneficiar a quienes tienen deudas, cuyo valor real disminuye, y perjudicar a los ahorradores, cuyo capital pierde poder de compra.
Analizando lo que México anhela frente a lo que efectivamente necesita, se revela una brecha entre las aspiraciones y las realidades económicas. Idealmente, el país desea un crecimiento económico robusto y sostenido, que se traduzca en una mayor inclusión social, empleos dignos, reducción de la desigualdad, seguridad y un desarrollo sostenible.
En este contexto, una mayor autosuficiencia en sectores estratégicos como alimentos y energía reduciría la vulnerabilidad a los vaivenes externos. Sin embargo, en la coyuntura actual de alta inflación, México necesita imperiosamente la estabilidad de precios. Esta es la base para proteger el poder adquisitivo de sus habitantes y crear un entorno propicio para la inversión.
Para ello, es crucial fortalecer las cadenas de suministro internas, diversificar los socios comerciales y mejorar la productividad, reduciendo la dependencia de las importaciones y aumentando la resiliencia económica. Además, se requieren políticas que fomenten la inversión y el crecimiento, pero sin generar presiones inflacionarias adicionales.
El camino hacia la consolidación de la estabilidad económica no está exento de obstáculos. La dependencia de importaciones en ciertos sectores críticos, como los insumos industriales o algunos alimentos, continúa siendo una vulnerabilidad significativa. La baja productividad en ciertos sectores de la economía mexicana limita su capacidad para competir eficazmente y satisfacer la demanda interna. A esto se suman problemas estructurales arraigados como la informalidad laboral, la corrupción, la insuficiente inversión en infraestructura y educación, y la persistente inseguridad, todos los cuales impactan negativamente la capacidad productiva y la competitividad del país. La volatilidad del tipo de cambio también añade una capa de complejidad, encareciendo las importaciones y la carga de la deuda externa. Finalmente, los choques externos inesperados, como pandemias globales o conflictos geopolíticos, siempre representan un riesgo latente que puede desestabilizar la economía mexicana.
Ahora bien, lo que vemos y medimos directamente es el incremento de los precios al consumidor, la preocupación por el poder adquisitivo y las decisiones del Banco de México. Por otro lado, también están a las fuerzas macroeconómicas y estructurales que subyacen a la inflación, como la interacción entre oferta y demanda, las políticas fiscales y monetarias históricas, la integración de México en la economía global y sus vulnerabilidades inherentes.
Ante este panorama, la actuación de Banxico se vuelve central. Su objetivo primordial es la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Para lograr la moderación de la inflación, las acciones típicas de la entidad monetaria se centran en el uso de la Tasa de Interés de Referencia. Al elevar esta tasa, Banxico busca encarecer el crédito, lo que desincentiva el consumo y la inversión, y, en última instancia, reduce la demanda agregada, aliviando las presiones inflacionarias. Además de esta herramienta fundamental, Banxico se apoyará en una comunicación clara y transparente para anclar las expectativas de inflación.
Una comunicación efectiva es crucial para que los agentes económicos tomen decisiones coherentes con la meta inflacionaria. La institución también mantendrá un monitoreo constante de indicadores económicos clave, como la inflación general y subyacente, el tipo de cambio, el crecimiento y el mercado laboral, para ajustar su postura monetaria según sea necesario y asegurar que sea lo suficientemente restrictiva para contener la inflación.
En esencia, Banxico empleará la política monetaria para frenar la inflación, incluso si ello conlleva un costo en términos de un menor crecimiento económico a corto plazo, priorizando la estabilidad de precios a largo plazo.
Sin embargo, sería simplista asumir que la estrategia de Banxico es el único factor determinante en la consolidación de la moderación inflacionaria. Incluso con una política monetaria restrictiva por parte del banco central, el impacto de las políticas fiscales y la percepción de estabilidad política a largo plazo podrían ser tanto o más decisivos. Si el gasto público continúa siendo expansivo sin generar un incremento proporcional en la capacidad productiva, o si la incertidumbre sobre el marco regulatorio persiste, la presión inflacionaria podría mantenerse, diluyendo la efectividad de los aumentos en las tasas de interés de Banxico.
Es decir, la moderación de la inflación podría no depender exclusivamente de la fuerza con la que el banco central "aprieta el freno", sino de una compleja interacción donde la confianza y la coherencia de las demás políticas económicas, en particular la fiscal, jueguen un papel preponderante, superando incluso la influencia directa del costo del dinero.
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