Las empresas en Estados Unidos no tendrán que informar aún sobre transacciones de criptomonedas superiores a USD 10,000 al Servicio de Impuestos Internos (IRS) hasta que la agencia tributaria publique un marco regulatorio, según una revisión del Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJ Act) por parte del Tesoro y el IRS, según un comunicado del IRS del 16 de enero.

El 1 de enero entró en vigencia una ley que requería que todas las empresas en EE. UU. informaran sobre transacciones de criptomonedas superiores a USD 10,000, pero el regulador fiscal se ha retractado temporalmente de hacer cumplir la regla.

“En este momento, los activos digitales no están obligados a incluirse al determinar si el efectivo recibido en una transacción única (o dos o más transacciones relacionadas) cumple con el umbral de informes”.

Las nuevas reglas fueron mal recibidas por los usuarios de criptomonedas, y Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center, señaló que a muchos les resultaría "difícil cumplir" con los requisitos de informes sin una mayor orientación del IRS.

Especuló que aquellos que intentaran cumplir con la ley correrían el riesgo de ser declarados culpables de un delito grave.

El IIJ Act requiere que los contribuyentes informen sobre la recepción de más de USD 10,000 en efectivo dentro de los 15 días posteriores a la transacción. Los activos digitales se consideraban efectivo según la Sección 6050I del Acta, pero esto no afectará a los usuarios de criptomonedas en EE. UU. por ahora:

El IRS afirmó que tanto él como el Tesoro tienen la intención de emitir regulaciones propuestas sobre informes de activos digitales, pero no indicaron cuándo planean introducirlas.

También permitirán que el público comente sobre cómo deberían establecerse las regulaciones.

Los defensores de los activos digitales, Blockchain Association, calificaron la noticia como un "paso positivo" considerando las dificultades con los informes de transacciones de criptomonedas.

El Comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. también apoyó la "acción provisional", pero destacó que aún existen varios problemas subyacentes con los "mal construidos requisitos de informes de activos digitales" aprobados el 1 de enero.

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