El gobierno de Japón está buscando formas de evitar la evasión de impuestos sobre las ganancias significativas de las transacciones en criptomonedas, informa el diario japonés Mainichi Shimbun el martes, 4 de diciembre.
Según fuentes familiarizadas con el tema, el nuevo sistema preparado por el gobierno permitirá a la Agencia Tributaria Nacional (NTA) obtener datos de intermediarios de transacciones, como las criptobolsas. La NTA podrá solicitar información sobre clientes sospechosos de evasión de impuestos, incluyendo nombres, direcciones y números de identificación individual de 12 dígitos.
Las fuentes dijeron a Mainichi Shimbun que la coalición gobernante comenzará a elaborar el nuevo sistema tributario a finales de 2019, con el objetivo de introducirlo para el nuevo año fiscal en abril de 2020. Debido a preocupaciones de privacidad, la NTA probablemente solicitará datos solo de aquellos usuarios que presumiblemente ganaron más de 10 millones de yenes (aproximadamente $88,700) por transacciones en criptos.
De acuerdo con la legislación vigente, las criptobolsas y otras empresas que actúan como intermediarios en el área de las criptos pueden proporcionar los datos de los clientes de forma voluntaria o negarse a hacerlo. En caso de que se introduzca la legislación mencionada, los intermediarios podrán seguir apelando las solicitudes de entrega de información.
Según una encuesta reciente de la NTA citada por Mainichi Shimbun, más de 300 personas declararon que ganaron al menos 100 millones de yenes de los tratos de criptos en 2017. El documento lo vincula a un drástico aumento del mercado a finales de 2017, cuando Bitcoin (BTC) alcanzó la cifra récord de $20 000.
A principios de octubre, un comité de política fiscal japonés celebró un debate sobre la simplificación del complejo régimen de declaración de impuestos que se aplica actualmente a los ciudadanos japoneses. Los funcionarios declararon entonces que querían estimular la presentación de informes más completos sobre las ganancias en criptomonedas.
La Agencia de Servicios Financieros (FSA), el regulador financiero japonés que también supervisa la criptoindustria, también está planeando introducir regulaciones más estrictas para la Oferta Inicial de Monedas (ICO) para proteger a los inversores del fraude. Fuentes anónimas informan de que, en virtud de la nueva ley, los operadores de empresas de ICOs estarán obligados a solicitar el registro a la FSA.