La Cámara Argentina Fintech presentó los resultados de su más reciente informe, titulado “Mapa de presión fiscal a la digitalización de la economía”, un relevamiento exhaustivo que analiza el impacto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) en las empresas del sector tecnológico-financiero y las marcadas disparidades fiscales que existen entre las provincias argentinas. El documento expone cómo la estructura tributaria vigente impone un peso excesivo sobre las fintech, afectando su competitividad, capacidad de expansión y contribución al desarrollo económico nacional.
Según el informe enviado a Cointelegraph en Español, una fintech promedio en Argentina paga una alícuota del 6,4% sobre su facturación, mientras que sectores tradicionales, como Comercio o Servicios, tributan entre un 3% y un 5%. Este nivel de carga convierte al ecosistema fintech en uno de los más gravados del país, lo que, de acuerdo con la Cámara, “encarece los servicios financieros, eleva el costo del crédito y desincentiva la formalización de la actividad económica”.
El estudio, elaborado a partir del análisis de las leyes impositivas vigentes en las 24 jurisdicciones del país, muestra una fuerte disparidad territorial. Mientras en Tierra del Fuego la alícuota de IIBB es del 3,5%, en provincias como La Pampa y Santa Fe alcanza el 9%, el máximo registrado. Entre los valores más altos también figuran Jujuy (8%), La Rioja (7,3%), Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires y Neuquén (todas con 7%). En tanto, San Juan y Tierra del Fuego aparecen como las jurisdicciones con menor presión fiscal, con tasas de 4,8% y 3,5%, respectivamente.
En su mensaje institucional, Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech, advirtió:
La estructura tributaria actual limita el desarrollo de la economía digital y afecta tanto a empresas como a usuarios. Necesitamos avanzar hacia un marco fiscal que fomente la formalización de la actividad económica y el acceso al crédito
El documento también destaca que algunas provincias, como Córdoba, Jujuy y Santa Fe, aplican regímenes especiales que incrementan aún más la carga fiscal sobre las fintech. En Córdoba, por ejemplo, las operaciones de crédito y los pagos procesados a través de plataformas digitales enfrentan alícuotas que pueden llegar hasta el 9% una vez sumadas las contribuciones adicionales. En Jujuy, las plataformas digitales pagan un 8% por la gestión de pagos electrónicos, mientras que en Santa Fe los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) tributan un 9%, aunque la tasa puede reducirse al 6,5% si participan en programas de apoyo a pequeños comercios.
La Cámara sostiene que el diseño del IIBB —un impuesto que grava los ingresos totales sin deducir costos o pérdidas— genera un efecto distorsivo sobre las empresas y encarece los servicios para el consumidor final. Esto, señala el estudio, “reduce la competitividad de las provincias, desalienta la inversión y golpea especialmente a pymes y emprendedores que buscan acceder a crédito o incorporar medios de pago digitales”.
El informe propone tres líneas de acción concretas para revertir la situación: reducir la presión tributaria sectorial, armonizar la normativa entre provincias y simplificar el marco regulatorio. De acuerdo con la Cámara, la reducción de las alícuotas permitiría disminuir las comisiones y tasas de interés, impulsando la adopción de medios de pago electrónicos y la expansión del crédito a sectores históricamente desatendidos, como las pequeñas y medianas empresas.
La entidad remarca que contar con información precisa y comparativa entre jurisdicciones es clave para iniciar un debate informado sobre la estructura impositiva argentina. “La evidencia empírica es indispensable para diseñar políticas fiscales que acompañen el desarrollo tecnológico, promuevan la inclusión financiera y fortalezcan la competitividad de la economía digital argentina”, concluye el estudio.
Con esta investigación, la Cámara Argentina Fintech reafirma su compromiso con el crecimiento del ecosistema tecnológico y con la construcción de un marco fiscal más justo, eficiente y alineado con las prioridades de desarrollo digital y sostenibilidad económica del país.
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