Las ventajas que ha traído el uso de Bitcoin y las criptomonedas han sido ampliamente reconocidas tanto por usuarios comunes como por grandes inversores y también por parte de empresas que han decidido apostar por esta tecnología. Sin embargo, todavía aparece un sector reacio que sigue viendo a Bitcoin como una amenaza: los estados y gobiernos.
A pesar de que se ha logrado ir derrumbando el absurdo paradigma de la “ilegalidad” en muchísimos países gracias al reconocimiento de este tipo de innovaciones en diversas figuras como monedas de curso legal, commodities y propiedad intelectual; la realidad es que las principales propiedades de las criptomonedas no cuentan con el visto bueno de los organismos estatales.
La privacidad de las transacciones y la facilidad de transportar valor, son algunas de las ventajas más llamativas que las criptomonedas ofrecen a sus usuarios; contrariamente aspectos nada atractivos para los gobiernos y por razones bastante obvias. Mientras que estas nuevas tecnologías apuestan por devolver a los ciudadanos varias de las libertades financieras hasta ahora perdidas, los estados actuales siguen necesitando del mayor control posible en la economía y las finanzas de sus ciudadanos.
De entre los numerosos casos que hacen eco en los noticieros globales, hoy resalta uno que protagoniza es la Unión Europea, la cual, a través de su órgano legislativo y ejecutivo, la Comisión Europea, pudiese estar bastante próxima a emitir leyes para restringir no solo el uso de criptomonedas, sino también del dinero en efectivo en los territorios adscritos a dicho organismo gubernamental.
La guerra global contra el efectivo
Ya hemos escuchado y leído mucho dentro de la comunidad de las criptomonedas esta frase que, lejos de parecer una utopía algo épica, es cada día más una realidad. Precisamente el 2016 fue quizás uno de los años en que más se evidenciaron medidas estatales que lograron sacar billetes y monedas de circulación, así como limitar a los ciudadanos en los montos que pueden pagar usando dinero en efectivo.
Por supuesto, cuando se trata de monedas y billetes que son emitidos y/o autorizados por los estados, además de plataformas de pago que también deben contar con la aprobación y control de la banca estatal y privada; es mucho más fácil no solo hacer el seguimiento del flujo financiero de una sociedad, sino también diseñar políticas que se adapten a los intereses estatales.
Bitcoin y las criptomonedas, al ser herramientas cuya emisión y control está sujetas únicamente al consenso de sus usuarios, por supuesto introducen a las sociedades una innovación con cortes ideológicos libertarios que no solo contrastan, sino que desafían a los actuales esquemas políticos en todo el mundo. Es por ello que con mayor frecuencia venimos observando cómo los gobiernos se involucran más hacia las criptomonedas, aunque lamentablemente en la gran mayoría lo hace con un enfoque que no busca aprovechar sus ventajas en pro de la sociedad, sino más bien verlo como una amenaza que debe ser, cuando menos, minimizada.
En un mundo globalizado donde las nuevas guerras se dirigen hacia el comercio, las divisas y los mercados financieros, es completamente obvio que los gobiernos quieran tener el mayor control posible sobre Bitcoin y cualquier herramienta financiera que esté fuera de sus manos. Con ello, las casas de cambio reguladas, los servicios de pagos con bitcoin autorizados y cualquier cantidad de empresas del sector de las criptomonedas; irán paulatinamente adaptándose a los requerimientos que los estados dictaminen al respecto.
La Unión Europea y su avanzada contra las criptomonedas
En específico a la Comisión Europea, el organismo ha emitido una propuesta para restringir los pagos con dinero en efectivo, añadiendo también que las criptomonedas deben ser tomadas en cuenta en dicha propuesta debido a los adelantos tecnológicos y significativa adopción que éstas representan. La razón: combatir el financiamiento relacionado con grupos y actividades terroristas.
“Las posibles restricciones a los pagos en efectivo serían un medio para luchar contra actividades delictivas que implican transacciones en efectivo por parte de redes de delincuencia organizada. Restringir grandes pagos en efectivo, además de declaraciones sobre [la procedencia] del efectivo y otras obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales, obstaculizaría el funcionamiento de estas redes, es decir tienen un efecto preventivo. También facilitarían más investigaciones para realizar un seguimiento del curso de las actividades terroristas.”
- Propuesta de iniciativa de la Unión Europea sobre restricciones a los pagos en efectivo
Si bien en el documento oficial tan solo se menciona un par de veces la palabra criptomonedas, deja bastante claro que estas herramientas también atentan contra las políticas de anti lavado de dinero y en contra del financiamiento de grupos terroristas que la Comisión Europea quiere fortalecer.
Precisamente este órgano gubernamental ya había emitido hace un año una nota de prensa donde introducía la necesidad de restringir el uso del dinero en efectivo, tarjetas anónimas prepagadas, criptomonedas y otros instrumentos financieros; todas estas medidas enfocadas a combatir los crímenes ya mencionados de terrorismo y blanqueo de capitales.
Hoy, la propuesta se encuentra formalmente introducida ante la Unión Europea para ser discutida en el transcurso del año y, de ser aprobada, iniciar la planificación y ejecución de acciones a partir del 2018. Confirmando una vez más que el dinero en efectivo, las criptomonedas y cualquier instrumento financiero que aboguen por la privacidad de los usuarios, no son bien vistos por nuestros gobiernos.
Bitcoin, el anonimato y los estados
Muchísimas serían las conclusiones que surgirían de un debate relacionado a este tema, pero más allá de las diferencias políticas que podríamos encontrar entre quienes coloquen el combate al terrorismo por encima de las libertades financieras individuales -o los que se inclinan al opuesto- no podemos negar que actualmente vivimos en un mundo donde las políticas monetarias y financieras a cada día nos demuestran los obvios fallos de su mal diseño y/o ejecución.
Si bien el anonimato de las criptomonedas ciertamente puede ser utilizado para actividades criminales, no es ni la restricción de la moneda ni de la red de pagos la solución para contrarrestar estas prácticas. La historia lo ha demostrado una y otra vez y es justamente porque las medidas que los estados y gobiernos han tomado contra estas actividades no han atacado la raíz, sino tan solo algunas ramas.
Bitcoin en tan solo 8 años ha probado ser una moneda que puede desempeñarse mucho mejor que sus pares fiduciarias y que puede dar vida a ecosistemas económicos más sólidos, honestos y donde los intereses de cada uno de sus usuarios estén por encima de cualquier foco de poder. Parecieran ser estas las amenazas que equívocamente los organismos estatales están viendo en las criptomonedas: la recuperación de las libertades financieras de sus ciudadanos a cargo de una moneda que se rige por un consenso realmente colectivo y no por decisiones unilaterales.
Los estados en todo el planeta seguirán ejecutando este tipo de medidas siempre que controlar el flujo de capitales sea una de sus prioridades. Si bien esto pudiese parecernos algo lógico y positivo, pero debido a los fallos históricos que se han vivido ya, las sociedades ya en gran parte han perdido la confianza en sus gobiernos y la aparición de Bitcoin es precisamente una de los tantos reflejos a estos fenómenos.
Es también por esto último que Bitcoin no solo es vista como una amenaza financiera de parte de los gobiernos, sino como algo mucho más grande y lo suficientemente poderoso como para causar una disrupción en los actuales esquemas de confianza.