El camino hacia el desarrollo económico de México se encuentra en una encrucijada crucial. Durante décadas, el país ha logrado con éxito mantener una envidiable estabilidad macroeconómica: las finanzas públicas están en orden, la deuda es manejable y el Banco Central ha defendido consistentemente el poder adquisitivo de la moneda. Este logro, que lo distingue de muchos de sus vecinos, ha sido elogiado por organismos internacionales y es la base de la confianza que el mundo financiero tiene en el país.
Sin embargo, esta estabilidad no ha sido el catalizador de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) lo suficientemente alto y sostenido como para transformar la vida de la mayoría de sus ciudadanos. La economía opera en una velocidad baja, insuficiente para generar desarrollo significativo, reducir la pobreza a la velocidad deseada y absorber plenamente a la creciente fuerza laboral. El verdadero desafío de México es escapar de esta trampa de bajo crecimiento y evitar una fase prolongada de estancamiento.
La pregunta central para el futuro no es si México caerá en una crisis, sino si el país puede implementar políticas económicas y realizar las inversiones necesarias para sostener un crecimiento por encima de su promedio histórico. La respuesta se encuentra en abordar las causas estructurales que han limitado su potencial durante largo tiempo. Estas deficiencias actúan como anclas que impiden que el barco económico tome velocidad, independientemente de las condiciones favorables del viento global.
La debilidad del Estado de Derecho y la corrupción sistémica son, quizás, los obstáculos más dañinos para atraer el capital duradero. Cuando la ley no se aplica de manera uniforme, o cuando las regulaciones son ambiguas y susceptibles a interpretaciones discrecionales, se genera una profunda incertidumbre jurídica. Esta incertidumbre frena la Inversión Extranjera Directa (IED) de largo plazo, pues los inversores son cautelosos ante la dificultad para hacer cumplir contratos y el riesgo de que las reglas cambien sin previo aviso. La corrupción, por su parte, actúa como un costo operativo adicional, un "impuesto" invisible que encarece los negocios, distorsiona la competencia y desvía recursos públicos esenciales. La incapacidad para garantizar un entorno de negocios transparente y predecible obliga a las empresas a asumir una prima de riesgo elevada, limitando la cantidad y calidad de la inversión que fluye hacia el país.
Otro factor crucial es la baja productividad. La eficiencia con la que la economía mexicana utiliza el capital y el trabajo (medida por la Productividad Total de los Factores) ha sido notoriamente plana o incluso negativa durante muchos años. Esto implica que, aunque se trabaje más o se invierta, la economía no se vuelve intrínsecamente más eficiente o sofisticada. Esta baja productividad está ligada directamente a la deficiencia en la educación y en la formación de capital humano. La falta de inversión en habilidades técnicas avanzadas, investigación y desarrollo, y un sistema educativo que no se alinea con las demandas de la economía global limitan la capacidad de la fuerza laboral para adoptar nuevas tecnologías y mejorar los procesos productivos. El crecimiento económico solo es sostenible si el factor humano que lo impulsa se vuelve más capaz y eficiente.
El futuro productivo de cualquier economía depende directamente de la Inversión Fija Bruta que se realiza hoy. México ha mostrado consistentemente una tasa de inversión, tanto pública como privada, insuficiente para mantener y expandir su capacidad productiva a un ritmo acelerado. La baja inversión pública ha creado una brecha de infraestructura crítica. A pesar de la vasta red de comercio con el norte, persisten deficiencias en carreteras, puertos, redes de suministro de energía eléctrica confiable y acceso a agua. Esta falta de infraestructura adecuada eleva los costos logísticos para las empresas, afectando la competitividad de las exportaciones mexicanas y disuadiendo la instalación de industrias que requieren altos niveles de energía y conectividad. La inversión privada, a su vez, se retrae ante la percepción de que el gobierno no está dispuesto a complementar con el gasto público necesario.
La estructura de los mercados en México también contribuye al estancamiento. Muchas áreas clave, desde las telecomunicaciones hasta la energía, han exhibido históricamente una concentración de poder en pocas manos, lo que limita la competencia. Esta falta de presión competitiva reduce los incentivos para la innovación, mantiene los precios elevados para los consumidores y frena la entrada de nuevas empresas. Sumado a esto, la ineficiencia regulatoria —el exceso de trámites, la complejidad burocrática y la falta de transparencia— actúa como una barrera de entrada casi infranqueable para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que son vitales para la generación de empleo y la diversificación económica.
En este contexto de retos estructurales, ha surgido una oportunidad económica de gran magnitud: el fenómeno del nearshoring. La reubicación de cadenas de suministro de Asia a México, impulsada por tensiones geopolíticas y la necesidad de acortar las distancias para el mercado de Estados Unidos, representa una fuente potencial de Inversión Extranjera Directa (IED) sin precedentes. Este flujo de capital y manufactura podría ser el motor que acelere el crecimiento del PIB y modernice ciertos sectores industriales.
Sin embargo, aquí reside la gran paradoja del momento actual. Las mismas deficiencias estructurales mencionadas anteriormente (la falta de un suministro energético confiable y suficiente, la escasez de mano de obra calificada en ciertas regiones, la inseguridad y la incertidumbre jurídica) se convierten en cuellos de botella que impiden que México capture plenamente esta oportunidad. El riesgo es que la inversión potencial se desvíe hacia países de Centroamérica o incluso hacia el propio territorio estadounidense si México no logra garantizar las condiciones básicas de operación. El desafío inmediato es transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenible, utilizando el nearshoring como catalizador, pero atacando simultáneamente las raíces del problema.
Si bien la narrativa dominante se centra en que la baja productividad, la corrupción y la falta de inversión formal son los principales frenos al crecimiento, existe un factor que opera silenciosamente en las bases de la economía y que le otorga una resiliencia particular: el efecto estabilizador y la inversión hormiga de las remesas.
Aunque esta inversión no aparece con el mismo impacto estadístico que una planta automotriz, su constancia y su distribución geográfica amplia actúan como un motor económico de base que es menos sensible a la incertidumbre regulatoria o a los ciclos políticos que detienen a la gran inversión. La opinión que complementa la crítica estructural es que la fortaleza del consumo interno, apuntalada por esta transferencia de capital migratorio, provee un colchón de seguridad que previene colapsos económicos repentinos, permitiendo a la economía avanzar a un ritmo lento, pero con una base social sorprendentemente resiliente, incluso ante la falta de grandes reformas institucionales.
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