Resumen de la noticia

  • El proyecto de ley busca centralizar el mercado de criptoactivos.

  • Las transacciones directas entre personas pueden volverse ilegales.

  • El Banco Central ganaría poder total sobre el sector P2P.

Un nuevo proyecto de ley presentado por el senador Jorge Kajuru (PSB-GO) pretende alterar cómo los brasileños compran y venden Bitcoin y otras criptomonedas y con ello puede afectar el mercado p2p en el país, además de acciones relacionadas con la custodia de criptomonedas por terceros.

Según la propuesta, solamente las personas físicas y jurídicas podrán negociar activos digitales por medio de instituciones autorizadas a operar como Prestadoras de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), conforme a lo definido por la Ley nº 14.478, de 2022.

Esto significa que cualquier compra o venta tendría que realizarse dentro de un entorno regulado, con todas las exigencias de comprobación del origen de los recursos y comunicación de transacciones sospechosas al COAF.

“La adquisición y enajenación de activos virtuales, incluida la adquisición en nombre de terceros y la respectiva custodia, solamente podrán ser realizadas [...] por intermedio de las instituciones referidas en el art. 2º de la Ley nº 14.478, de 2022.”

El proyecto afirma que las transacciones directas entre individuos solo se permitirían por debajo de un límite específico a ser definido por el Banco Central. El texto otorga a la autarquía el poder de establecer “límites globales de valor de compras y ventas, por persona y por período”, bajo los cuales la negociación directa aún sería posible.

En la práctica, esto puede representar una limitación para el p2p en el país, modalidad que hoy sirve de alternativa accesible y descentralizada a los exchanges y corredurías tradicionales.

En una nota oficial enviada a Cointelegraph, el Senador destacó que

“Quiero clarificar que no forma parte del alcance del PL terminar con este tipo de actividad por aquí; lo que hicimos, conforme lo señala el Párrafo Único del art. 2º, es: dejar bajo la responsabilidad del BC el establecimiento de límites de valor por persona y período para que las personas físicas puedan transaccionar entre sí. Es decir: ¡las transacciones entre personas físicas (P2P) siguen siendo válidas!”Segundo punto: el PL no prohíbe la autocustodia de criptomonedas. La Ley 14.478/22 regula únicamente a las empresas que prestan servicios en nombre de terceros (como corredurías y custodios). Quien compra, vende o guarda sus propios criptoactivos (en cartera personal, self-custody) no está sujeto a esta regla.La ley trata sobre la custodia de terceros, no sobre la autocustodia, que sigue siendo un derecho del usuario.Resaltando que este PL tiene el objetivo de aumentar la seguridad del inversor de buena fe y reducir las opciones del crimen organizado para el lavado de dinero, ya que el sistema bancario nacional está cada vez más integrado con la blockchain.

Además, la propuesta prevé que todas las operaciones de compra y venta de criptomonedas se realicen por medio de un pregón electrónico, también regulado por el Banco Central. El objetivo sería concentrar todas las negociaciones en plataformas con un control estricto de compliance, eliminando la posibilidad de movimientos financieros fuera del radar estatal.

En la justificación adjunta al proyecto, el senador Kajuru argumenta que las transacciones directas con criptoactivos representan “el punto más vulnerable al lavado de dinero” en el sistema financiero.

Él afirma que, incluso después de la aprobación de la Ley 14.478/2022, todavía existen “lagunas que permiten el uso indebido del ecosistema cripto por parte de criminales”, especialmente debido a la falta de rastreabilidad y de obligación de comprobación del origen de los fondos.

El texto cita el uso de stablecoins, como USDT y USDC, como herramientas que permiten la conversión rápida de dinero ilícito en activos digitales, facilitando la ocultación de recursos. Según Kajuru, “es necesario fortalecer la prevención del lavado de dinero” en el sector, haciendo obligatoria la intermediación por instituciones reguladas.

Él sostiene que la medida aumentaría la credibilidad del mercado brasileño de activos virtuales, al imponer las mismas reglas de control y diligencia aplicadas al sistema bancario tradicional, incluyendo el Cadastro Nacional de Pessoas Politicamente Expostas (PPE) y los mecanismos de combate al financiamiento del terrorismo.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.