Sean Patrick Maloney, un exmiembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aparentemente planea dejar de trabajar en temas relacionados con criptomonedas si es confirmado como representante de los Estados Unidos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según un informe de Politico del 14 de febrero, Maloney envió una carta a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren el 9 de febrero comprometiéndose a renunciar a su trabajo de asesoría en el sector privado y a apartarse de las decisiones que afecten la política de criptomonedas en la OCDE si es confirmado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que Maloney era su elección para ser embajador de la OCDE en mayo de 2023.

Maloney, quien anteriormente representó al distrito 18 de Nueva York en la Cámara, se unió al Consejo Asesor Global de Coinbase aproximadamente al mismo tiempo que el anuncio del presidente Biden. En diciembre de 2023, la senadora Warren criticó a los grupos de defensa de criptomonedas como el consejo de Coinbase por su política de "puerta giratoria" de incorporar a exfuncionarios gubernamentales, incluido Maloney.

Según Politico, el exrepresentante de Nueva York "estaba dispuesto a comprometerse voluntariamente con estándares éticos más sólidos", prometiendo no aceptar ofertas de empleo o de junta directiva de empresas de criptomonedas durante cuatro años después de su potencial tiempo en la OCDE. Hasta el 24 de enero, la nominación de Maloney había sido colocada en el calendario del Senado de los Estados Unidos, lo que sugiere una próxima votación.

Cointelegraph se comunicó con Coinbase y con la senadora Warren para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación. Coinbase también enfrenta una acción de ejecución presentada por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos en junio de 2023.

La senadora Warren es una de las voces principales en el Congreso de los Estados Unidos detrás de un proyecto de ley que busca abordar los usos ilícitos de los activos digitales, especialmente para el lavado de dinero y el financiamiento de grupos terroristas. Muchos grupos de defensa de criptomonedas han criticado la legislación de la Ley de Anti-Lavado de Dinero de Activos Digitales por ser demasiado amplia en cuanto a la autoridad de ejecución y por potencialmente impulsar a las empresas de criptomonedas fuera de los Estados Unidos.

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