La Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajistán informó este martes de que 55 granjas mineras ilegales "cesaron voluntariamente su actividad" debido a una campaña de aplicación legal del regulador, y que otras 51 operaciones "se dieron por clausuradas". La operación de aplicación de la ley se centró en las granjas de minería ilegal que ponían en peligro la red energética del país. En su comunicado, la agencia pidió que se desarrollara un enfoque regulatorio claro para la minería de criptomonedas.

Según el comunicado, todos los operadores señalados no sólo habían congelado el proceso de minería, sino que también habían desmantelado las plataformas y las habían retirado de los lugares de operación.

En el comunicado se mencionaban varias figuras empresariales de alto nivel supuestamente vinculadas a la actividad ilegal. Entre ellos, un ex presidente de la empresa estatal de gas Qazaqgaz, un ex jefe del departamento de control de drogas de la policía nacional y la decimoséptima persona más rica del país.

Estas operaciones se consideraron ilegales porque no habían informado a los reguladores de su actividad, se habían conectado ilegalmente a la red eléctrica o habían evadido el pago de impuestos y aduanas. Parte de la energía que utilizaban los mineros ilegales debería haberse destinado a la producción industrial.

La agencia incautó más de 67,000 equipos de minería valorados en unos USD 190 millones y abrió 25 causas penales. El consumo diario de energía en el país habría disminuido en 600 MW/h tras la redada de aplicación.

La acción de aplicación legal no es una sorpresa, puesto que Kazajistán ha estado intensificando sus esfuerzos para reducir el peso que la minería ilegal de criptomonedas ha estado poniendo en su red eléctrica. En agosto de 2021, el país albergaba más del 18% de la tasa de hash global de BTC, pero en febrero de 2022 el Ministerio de Energía nacional anunció su estrategia para identificar y desconectar de la red las granjas de minería que no cumplieran con la normativa.

Esto no quiere decir que el país esté pensando en tomar algún tipo de medida contra la minería de criptomonedas. Hay claros indicios de que el gobierno está trabajando en un enfoque regulador razonable que le ayude a beneficiarse de las nuevas oportunidades. Como dice el comunicado de prensa de la Agencia de Supervisión Financiera, "teniendo en cuenta estos acontecimientos, el grupo de trabajo interdepartamental está trabajando en las decisiones sistemáticas para regular las cuestiones problemáticas".

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