El Poder Ejecutivo de Uruguay aprobó la Ley N° 20.345 el pasado 19 de septiembre, un proyecto que establece un marco regulatorio para los activos virtuales en el país sudamericano, de acuerdo a la información disponible en el portal gubernamental de la nación uruguaya.
La ley marca un paso significativo hacia la formalización y supervisión de las entidades que operan en el ámbito de los activos virtuales, incluyendo a los proveedores de servicios para que sean considerados "financieros" según la regulación del Banco Central del Uruguay (BCU).
La nueva ley presenta una serie de modificaciones a la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, con el fin de actualizar la regulación y fiscalización de las entidades del sistema financiero, incluyendo la supervisión de activos virtuales.
Ahora, el Banco tiene la responsabilidad de regular y fiscalizar no sólo a las instituciones tradicionales del sistema financiero, sino también a aquellas que operan con activos virtuales. Esto incluye casas de cambio, administradoras de fondos de inversión, empresas de seguros y reaseguros, así como entidades que realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios o créditos de terceros.
En la ley se redefine el papel de la Superintendencia de Servicios Financieros, estableciendo sus atribuciones para garantizar la estabilidad y transparencia del sistema financiero, la protección del consumidor y la prevención del lavado de activos. Además, se clarifican las categorías de entidades supervisadas y se definen los requisitos para su autorización y funcionamiento.
Por otro lado, la ley establece que las entidades que desarrollen actividades de crédito podrán actuar como contraparte en operaciones definidas por la legislación vigente. También se contempla la regulación de entidades no incluidas en la lista inicial, que realicen servicios de transferencias de fondos o compraventa de activos virtuales.
Con la aprobación de esta ley, se espera que el Banco Central del Uruguay emita la regulación necesaria para completar el marco jurídico nacional para los activos virtuales. Esto permitirá una supervisión más efectiva y la protección de los consumidores, así como la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Por último, la implementación de esta legislación provocó cambios en la definición de valores escriturales, incorporando aspectos de registros centralizados y descentralizados usando tecnologías modernas.
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