Opinión de: Agata Ferreira, profesora asistente en la Universidad Tecnológica de Varsovia
Recientemente, Europa estuvo alarmantemente cerca de aprobar la vigilancia masiva de las comunicaciones privadas a través de la propuesta de regulación Chat Control. La propuesta se enfrentó a una intensa reacción negativa de la comunidad, ya que habría obligado a los proveedores a escanear todos los mensajes privados.
Fue rechazada solo después de que Alemania se negara a apoyarla. Solo nueve estados miembros de la UE se opusieron a la propuesta, mientras que 12 la respaldaron y seis permanecieron indecisos.
Esa ajustada votación resalta la fragilidad del consenso legal en torno a la privacidad. Incluso dentro de la Unión Europea, sede de la Carta de los Derechos Fundamentales, la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales y algunas de las leyes de protección de datos personales más estrictas del mundo, los responsables políticos tratan cada vez más la privacidad y el cifrado como problemas a escrutar, en lugar de como propiedades críticas de la infraestructura digital que deben defenderse.
El argumento defectuoso de que la seguridad requiere y justifica la vigilancia masiva está ganando terreno en la agenda regulatoria, un desarrollo preocupante.
Cuando la vigilancia se convierte en infraestructura
Un reciente informe de Amnistía Internacional, “Shadows of Control: Censorship and Mass Surveillance in Pakistan” (Sombras de control: Censura y vigilancia masiva en Pakistán), ilustra lo que sucede cuando esa lógica se aplica y se utiliza indebidamente contra la sociedad.
Las autoridades pakistaníes desplegaron tecnologías de vigilancia de empresas internacionales para crear un sistema nacional de monitoreo, interceptación y filtrado que convirtió el entorno digital del país en una máquina de vigilancia generalizada, lo que concede a las agencias de inteligencia acceso en tiempo real sin ninguna supervisión judicial.
Las conclusiones del informe no son exclusivas de Pakistán. Ilustran lo que sucede cuando una arquitectura de internet vulnerable y centralizada, plagada de puntos únicos de control, se cruza con un apetito descontrolado por la vigilancia. El resultado es un entorno digital que socava la confianza, erosiona los derechos y debilita el tejido de las sociedades.
La debilidad sistémica de la gobernanza de internet
Estos problemas no se limitan a ningún régimen. Toda infraestructura digital moderna, desde las redes nacionales y las plataformas en la nube hasta los protocolos Web3, cruza los mismos puntos de control vulnerables: acceso, descubrimiento, lógica de decisión, almacenamiento de datos, transmisión e interfaces de usuario. Cada uno puede apoyar la libertad o reforzar el control. La tendencia actual hacia la centralización significa que las redes son cada vez más visibles, con un puñado de índices globales que gestionan el descubrimiento y actores corporativos y gubernamentales que median el acceso. La visión original de un internet abierto y descentralizado ha sido reemplazada por un modelo centrado en la vigilancia y el control.
El punto de inflexión de la Web3
La Web3, a menudo defendida como una alternativa, no es inmune a este problema. Los usuarios de la Web3 todavía dependen de un pequeño número de puntos finales de confianza, front-ends de clearnet y libros de contabilidad públicos que revelan metadatos transaccionales. Esta dinámica recrea los cuellos de botella y los riesgos de vigilancia familiares de la infraestructura web heredada. Cuando las operaciones centrales de la blockchain dependen de proveedores centralizados para la transmisión y el alojamiento de la interfaz, dicha infraestructura carece de soberanía. Sin un cambio deliberado, el stack tecnológico de la Web3 corre el riesgo de replicar e incluso amplificar los mismos problemas que se propuso resolver.
Dicho esto, está surgiendo un ecosistema de tecnologías que preservan la privacidad. Estas innovaciones incluyen privacidad a nivel de red, transacciones privadas programables, front-ends verificables, acceso desintermediado a protocolos, verificación de cliente ligero y soluciones basadas en zero-knowledge. Estas características se están diseñando como garantías fundamentales, no como complementos opcionales. La privacidad se convierte en un requisito previo para la confianza, no en una idea tardía o un privilegio.
Un rezago regulatorio
Las actitudes regulatorias no han seguido el ritmo de este cambio tecnológico. El escrutinio y, en algunos casos, el procesamiento de desarrolladores de protocolos de privacidad, como los que están detrás de Tornado Cash, reflejan una incomprensión de que la privacidad es una responsabilidad. En realidad, es la falta de privacidad lo que introduce riesgos, daña la confianza y expone a las sociedades al abuso. No reconocer esta dinámica corre el riesgo de repetir patrones, que han sido documentados por Amnistía, donde la infraestructura se convierte en una herramienta de control y opresión. Tratar la privacidad como una amenaza socava, en última instancia, la legitimidad democrática.
La administración como deber legal
El camino regulatorio y político a seguir exige un cambio del escrutinio a la administración. La ley y la política deben alejarse de posturas prohibitivas y, en cambio, apoyar la infraestructura que preserva la privacidad y reconocerla como un bien común cívico. Una administración efectiva significa defender un cifrado fuerte, apoyar la innovación que preserva la privacidad y garantizar que los derechos fundamentales estén integrados en la propia arquitectura digital, no solo protegidos por la ley.
La privacidad, la integridad y la resiliencia no pueden ser solo ideas aspiracionales, sino que deben estar integradas en la arquitectura digital que transporta nuestras comunicaciones, nuestros activos y nuestra memoria colectiva. La descentralización debe verse como una forma de redundancia institucional, asegurando que los sistemas digitales no puedan ser comprometidos o interrumpidos por un único punto de fallo, un actor malintencionado o un exceso regulatorio.
Esta no es una propuesta de indulgencia regulatoria, sino más bien un reconocimiento de la responsabilidad en la era digital. Proteger la infraestructura que defiende nuestros derechos es tan esencial como proteger esos derechos a través de constituciones y regulaciones.
Un punto de inflexión para la gobernanza digital
El debate sobre Chat Control y las conclusiones de Amnistía son dos caras de la misma moneda. Uno ejemplifica una peligrosa tentación que las autoridades enfrentan de recurrir a la vigilancia masiva, mientras que el otro expone el costo humano cuando esa tentación se hace realidad. Sin una clara administración legal y política para los protocolos que abordan las vulnerabilidades del internet actual, los riesgos para la infraestructura digital, y las libertades que debería garantizar, solo aumentarán.
La responsabilidad de los legisladores y reguladores no es regular las tecnologías de privacidad hasta su extinción, sino garantizar su permanencia, asegurándose de que los derechos fundamentales y las libertades civiles escritos en constituciones, estatutos y convenios estén incorporados en los sistemas digitales de los que dependemos.
Los esfuerzos de Web3 deben asegurar una arquitectura digital que priorice la libertad y donde la privacidad, la verificabilidad y la autonomía estén integradas desde la base. Los reguladores deben apoyar este objetivo.
Opinión de: Agata Ferreira, profesora asistente en la Warsaw University of Technology.
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