Con aproximadamente 100 millones de miembros, la iglesia que representa a la religión dominante en Rusia no tiene planes de aceptar donaciones u ofrendas de criptomonedas.

Según una sesión de preguntas y respuestas transmitida en YouTube por Jesus Portal, el presidente del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia del Patriarcado de Moscú, Hilarion Alfeyev, dijo que la Iglesia Ortodoxa Rusa (ROC), no planea crear su propia moneda digital, ni aceptar criptomonedas incluido Bitcoin (BTC) como donaciones. Sin embargo, Alfeyev agregó que era posible utilizar otras formas de tecnología para enviar dinero a la iglesia: llamadas telefónicas.

"Es poco probable que aceptemos donaciones de varias criptomonedas y Bitcoin, ni liberaremos nuestra propia moneda", dijo. "Creo que es muy posible hacer una donación a la iglesia por teléfono".

La declaración es una postura algo suavizada para Alfeyev, quien hace tres años comparó la criptomoneda con un esquema Ponzi "detrás del cual no hay nada". En ese momento, aparentemente no distinguió entre los bancos de criptomonedas y los tradicionales, diciendo que la moneda "[allanó] el camino para la usura, contra la cual la iglesia siempre se ha pronunciado".

Según se informa, el año pasado la ROC se encontraba en una situación financiera "extremadamente difícil", ya que la pandemia cerró sus iglesias en Rusia durante dos meses. Aunque es difícil determinar con exactitud el valor de la iglesia dado el secreto que rodea sus gastos, algunos informes de 2014 sugieren que la ROC obtuvo USD 150 millones en ganancias, (monetarias, no espirituales), anuales.

Los legisladores rusos empezaron el año aprobando un proyecto de ley que otorga a las criptomonedas un estatus legal en el país, pero no permite su uso como método de pago. Más tarde, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto que obliga a ciertos funcionarios públicos a revelar sus posesiones de criptomonedas antes de finales de junio. Sin embargo, una carta del Ministerio de Trabajo y Protección Social ruso publicada en diciembre indica que los funcionarios deben liquidar sus activos digitales antes de abril.

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