El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, se ha declarado inocente de todos los cargos penales que se le imputan, entre ellos fraude electrónico, fraude con valores y violación de las leyes de financiación de campañas electorales. En total, el empresario se enfrenta a ocho cargos penales, que podrían acarrearle 115 años de cárcel en caso de ser declarado culpable. Por su parte, Daniel Friedberg, el controvertido abogado que ocupó el cargo de máximo responsable de cumplimiento normativo en FTX, ha cooperado al parecer con los fiscales y les ha facilitado sus conocimientos sobre el uso por parte de Bankman-Fried de fondos de clientes para financiar su trama empresarial ilegal.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha constituido el Grupo de Trabajo FTX para "rastrear y recuperar" los fondos desaparecidos de clientes y gestionar las investigaciones y acciones judiciales relacionadas con la quiebra de la bolsa. El equipo está formado por fiscales superiores de sus unidades de fraude de valores y materias primas, corrupción pública, blanqueo de capitales y empresas de delincuencia transnacional.

Según varias noticias, el Departamento de Justicia habría incautado de 56 millones de acciones de Robinhood -por valor de unos USD 468 millones- vinculadas a FTX y a su antiguo CEO. La noticia se produce un día después de que un juez en el caso penal contra Bankman-Fried le ordenó no acceder o transferir cualquier criptomoneda o activos de FTX o Alameda Research.

También hay una cara nueva en el drama judicial de FTX: el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh. Al parecer, formó parte del grupo de chat "fraude electrónico", en el que supuestamente se discutieron los vínculos financieros ilegales entre FTX y Alameda, junto con Caroline Ellison, Bankman-Fried y Gary Wang. Durante su estancia en FTX, Singh vivió en las Bahamas cerca de otros empleados de la empresa.

La SEC se opone a los planes de Binance.US de adquirir Voyager Digital

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos ha presentado una "objeción limitada" a la propuesta de adquisición por mil millones de dólares del Voyager Digital por parte del exchange Binance.US, citando la falta de "información necesaria". El regulador también quiere que Voyager proporcione más detalles sobre lo que sucedería si la transacción no se consumara antes del 18 de abril. Algunos comentaristas interpretaron la objeción como que la SEC sugería que Binance.US no podría hacer frente a la adquisición sin "algún trato adverso", como recibir fondos de la entidad global de Binance.

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Coinbase llega a un acuerdo de USD 100 millones con el regulador de NY

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha llegado a un acuerdo con Coinbase tras una investigación sobre el programa de cumplimiento del exchange de criptomonedas. Coinbase pagará una multa de USD 50 millones por violaciones de las leyes de servicios financieros y bancarios de Nueva York e invertirá USD 50 millones para corregir su programa de cumplimiento normativo. Según el regulador financiero, el exchange tenía muchas "deficiencias" de cumplimiento relacionadas con los requisitos contra el blanqueo de capitales.

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Italia aprueba un impuesto del 26% sobre las ganancias de capital con criptomonedas

El Senado de Italia aprobó su presupuesto para 2023, que incluye un aumento de impuestos para los criptoinversores: un impuesto del 26% sobre las ganancias de capital conseguidas con la compraventa de criptoactivos que superen los 2,000 euros (USD 2,135). Según informa Cointelegraph, el proyecto de ley también establece que los contribuyentes tendrán la opción de declarar el valor de sus tenencias de activos digitales a partir del 1 de enero y pagar un impuesto del 14%. Estos incentivos pretenden animar a los italianos a declarar sus activos digitales.

Otros cambios introducidos por la ley presupuestaria incluyen amnistías fiscales para reducir las sanciones por impago de impuestos, incentivos fiscales para la creación de empleo y una reducción de la edad de jubilación. También incluye 21,000 millones de euros (USD 22,400 millones) de exenciones fiscales para las empresas y los hogares que hagan frente a la crisis energética.

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