La orden de arresto contra Yoo Mo, jefe del equipo de negocios de Terraform Labs, habría sido desestimada menos de 48 horas después de haber sido emitida.
Según un informe del 6 de octubre de la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el juez Hong Jin-Pyo del Tribunal del Distrito Sur de Seúl dijo que era difícil ver la "necesidad y la importancia" de detener a Yoo. La fiscalía de la misma jurisdicción emitió el 5 de octubre una orden de arresto contra el ejecutivo de Terraform Labs por cargos que incluyen la violación de la Ley de Mercados de Capitales y el fraude por la manipulación del precio de TerraUSD (UST), ahora TerraUSD Classic (USTC).
Al parecer, el juez tuvo en cuenta en su decisión el hecho de que Yoo tenía residencia y vínculos familiares en Corea del Sur y que ya tenía prohibida la salida del país. Además, cuestionó si el token LUNA era un "valor de contrato de inversión" según la Ley de Mercado de Capitales de Corea. Al parecer, Yoo no ha negado su participación en el funcionamiento y la gestión de uno de los programas de bots automatizados de Terra en el centro del escándalo.
Yoo fue el primer individuo que se enfrentó potencialmente a cargos tras el colapso de Terra en mayo. Los fiscales tienen la opción de volver a solicitar una orden de detención.
En septiembre, un tribunal surcoreano emitió una orden de detención contra el cofundador de Terra, Do Kwon, y la Interpol añadió su nombre a su lista de notificaciones rojas. En el momento de la publicación, se desconocía el paradero de Kwon. Los informes han sugerido que el cofundador de Terra podría haber abandonado Singapur, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur le ordenó que entregara su pasaporte antes del 20 de octubre o se arriesgaba a que se anulara el documento de viaje internacional.
El caso contra Kwon y Terra ha tenido muchas implicaciones legales para las empresas del espacio de las criptomonedas. En septiembre, el viceministro del Ministerio de Comercio de Indonesia propuso exigir que dos tercios de los directores y comisarios de las empresas de criptomonedas sean ciudadanos, al parecer para evitar que "huyan del país si surge algún problema".
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