Un reciente fallo del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, España, sentó un precedente en la forma en que se gravan las criptomonedas en España. La sentencia, que estima un recurso contencioso-administrativo, anuló una liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2017, según se pudo conocer el pasado lunes a través de la publicación en la red social X del Economista y Licenciado en Ciencias Políticas Emilio Pérez Pomo.

La situación inicial giraba en torno a cómo calcular las ganancias o pérdidas derivadas de la venta de criptomonedas, específicamente Bitcoin, adquiridas en diferentes exchanges o plataformas de intercambio. La administración tributaria pretendía aplicar un criterio "FIFO" (primero en entrar, primero en salir) global, sin distinguir entre las distintas casas de cambio.

En el documento se pudo conocer que el tribunal rechazó esta postura, argumentando que las criptomonedas no pueden equipararse a los valores tradicionales debido a su singularidad y la falta de adaptación de la normativa actual. Además, señaló la ausencia de una regulación específica en la normativa foral del IRPF para este tipo de activos.

En consecuencia, el tribunal dictaminó que el criterio "FIFO" debe aplicarse de forma individual a cada plataforma de intercambio, y no de manera global como pretendía la administración. Esta decisión reconoce la complejidad de las transacciones con criptomonedas y la necesidad de un tratamiento fiscal más preciso.

Este fallo supone un alivio para los inversores en criptomonedas, quienes ahora cuentan con mayor claridad sobre cómo calcular sus obligaciones fiscales. Además, sienta un precedente importante que podría influir en futuras regulaciones y decisiones judiciales relacionadas con los activos digitales.

La sentencia también pone de manifiesto la necesidad de actualizar la normativa fiscal para adaptarla a la realidad de las criptomonedas. A medida que el mercado de activos digitales continúa creciendo, es fundamental establecer un marco legal claro que brinde seguridad jurídica a los inversores y promueva la innovación.

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