La Agencia Tributaria Española (AEAT) ha enviado solicitudes de información de clientes a 60 compañías asociadas con criptomonedas, incluidas firmas financieras, intermediarios como criptobolsas y cajeros automáticos, y compañías que aceptan criptos como opción de pago, informó el medio local El Economista ayer, 5 de abril.

El Economista señala que la AEAT ya comenzó un examen de los criptomercados a fin de desarrollar un posible marco regulatorio.

Como parte de un análisis de la Oficina Nacional de Investigaciones de Fraude (ONIF) de cuentas bancarias ubicadas en el exterior que habían sido abiertas por criptobolsas, 16 entidades financieras registradas en España recibieron solicitudes de información por parte de la AEAT, informó El Economista.

A estas entidades financieras se les ha pedido que proporcionen detalles sobre la propiedad de la cuenta, la frecuencia y montos de la transacción criptográfica y la identificación de la tarjeta de pago vinculada a las cuentas asociadas a las criptomonedas. A los intermediarios como las criptobolsas se les ha pedido que identifiquen los criptooperadores y los montos en euros de sus transacciones, incluidos los detalles sobre cómo se determinan las tasas de cambio y las comisiones. A los cajeros automáticos de criptomonedas se les pide que proporcionen contratos de arrendamiento, el promedio mensual de criptoventas y qué formas de pago se usaron para las criptotransacciones.

A 40 empresas que aceptan criptopagos se les ha pedido detallar qué porcentaje cobran en criptomonedas y su marco contable para transacciones criptográficas, así como identificar a sus clientes que utilizan criptos y otras firmas que aceptan éstas como pago, informa El Economista.

Según una parte de un documento que supuestamente detalla las solicitudes de información hechas por el Tesoro de España, los diferentes tipos de criptomonedas utilizadas en las transacciones también se deben distinguir en los informes.

El Partido Popular español anunció recientemente a mediados de febrero que están considerando una legislación que otorgaría ventajas fiscales a las empresas que usan Blockchain, la tecnología detrás de las criptomonedas.