La comunidad autónoma de Aragón, en el noreste de España, será la primera del país en aplicar la tecnología de la cadena de bloques en su administración pública, informa la agencia local de noticias Europa Press el lunes 17 de septiembre.

Aragón es una de las 17 comunidades autónomas de España, que fueron creadas con el objetivo de garantizar una autonomía cualificada para las diferentes nacionalidades y regiones del país.

Fernando Gimeno, consejero de Finanzas y Administración Pública del Gobierno de Aragón, ha firmado un contrato con Alastria, un ecosistema de cadenas de bloques de más de 274 entidades, entre las que se incluyen empresas e instituciones que crean herramientas basadas en la cadena de bloques en línea con los marcos legales españoles y de la UE . Como resultado de la asociación, Aragón se convertirá en la primera comunidad autónoma española en ofrecer servicios basados en la cadena de bloques a nivel estatal.

Gimeno calificó el contrato de "transformador", afirmando que el mundo "se dará cuenta de repente y con fuerza" del poder de la tecnología de la cadena de bloques en un futuro próximo. También destacó que la cadena de bloques es "el futuro de la tecnología" y "fundamental" para la administración pública.

El consejero aragonés cree que la cadena de bloques mejorará la transparencia y la eficiencia de la administración, lo que a su vez atraerá negocios e inversiones. Además, añadió que los empleados de la administración regional ya están siendo formados para trabajar con la tecnología con el fin de familiarizarse con su "enorme potencial".

La vecina Cataluña también ha manifestado su interés por las herramientas basadas en la cadena de bloques para su administración pública, según Cointelegraph informó en junio de 2018. El Departamento de Políticas Digitales de la Autonomía tenía previsto desarrollar una estrategia para la incorporación de la cadena de bloques a finales de diciembre de 2018.

A medida que las tecnologías basadas en la cadena de bloques se integran en la administración pública en todo el mundo, el antiguo partido gobernante en el gobierno español, el Partido Popular, consideró conceder exenciones fiscales a las empresas que utilizan la tecnología de la cadena de bloques.

Más tarde en junio, la coalición política de izquierda española Unidos Podemos sugirió que el gobierno español estableciera un subcomité responsable de estudiar el potencial de la tecnología de la cadena de bloques y la regulación de las criptomonedas.