Partido gobernante español introducirá la regulación de la cadena de bloques y cripto

El Partido Popular (PP) de España presentará un proyecto de ley sobre la regulación de las criptomonedas y las cadenas de bloques en pocos días, informó el 10 de diciembre el periódico local La Vanguardia.

La publicación informó que el secretario del PP, Teodoro García Egea, anunció la decisión durante la ceremonia de inauguración del centro de investigación en Derecho y Cadena de Bloques ISDE en Madrid el 10 de diciembre. La razón clave detrás de la elaboración de la regulación es, según se informa, proporcionar cierto grado de certeza a los inversores y permitir que "todo aquel que lo desee" introduzca su propia moneda, dijo el secretario del partido.

García Egea también aludió a la posibilidad de recortes de impuestos para las nuevas empresas de cadena de bloques y para las empresas que despliegan tecnologías descentralizadas. También reveló que el gobierno podría crear un consejo nacional sobre criptocurrencies y promover la educación dedicada a su tecnología subyacente.

Todas estas medidas están en marcha para ayudar a España a convertirse en un líder en la industria de las cadenas de bloques en lugar de seguir a otros países, añadió García Egea.

Como informó Cointelegraph a principios de octubre, España está implementando activamente la cadena de bloques en la infraestructura pública de sus ciudades, así como en el sector privado.

Por ejemplo, uno de los puertos más grandes del país situado en Valencia utiliza la cadena de bloques para mejorar la logística y conectar a los intermediarios del sector del transporte marítimo. Mientras tanto, el principal operador de telecomunicaciones español, Telefónica, utilizará el IBM. Plataforma Blockchain para mejorar la gestión del tráfico internacional de llamadas de telefonía móvil.

Al mismo tiempo, el gobierno español ha estado buscando formas de evitar la evasión fiscal de los ingresos en criptomonedas. Cointelegraph informó el mes pasado que el Ministerio de Hacienda español tiene previsto examinar a 15.000 contribuyentes que han realizado transacciones con criptomonedas en el último año.