El pasado 3 de octubre, a través de la red social X (antes Twitter), la Asamblea Legislativa de la República El Salvador publicó la votación que aprobó la reforma de la Ley de Emisión de Activos Digitales en ese país. Desde la aprobación de Bitcoin como moneda de curso legal en el año 2021, el gobierno salvadoreño se vio en la necesidad de adaptar y fortalecer el marco regulatorio existente, lo que llevó a una reforma significativa de la Ley de Emisión de Activos Digitales, aprobada originalmente en enero de 2023.

    Ante esta noticia, desde la firma de abogados Torres, analizaron la reforma aprobada y han indicado en su portal web que las reformas introducidas apuntan a garantizar la seguridad jurídica, proteger a los consumidores y establecer estándares más rigurosos para los actores del mercado. En este contexto, tanto los Proveedores de Servicios de Bitcoin (PSB) como los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD), emisores, certificadores y las ofertas privadas, se vieron afectados por los nuevos cambios normativos.

    Impacto en los Proveedores de Servicios de Bitcoin (PSB)

    Uno de los cambios más importantes fue la inclusión de los PSB dentro del marco regulatorio. Estos proveedores, que antes operaban con menos restricciones, ahora deben registrarse obligatoriamente ante la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) y cumplir con estrictas normas de conducta y ciberseguridad. 

    Además, tienen la responsabilidad de custodiar los activos de sus clientes con sumo cuidado. Sin embargo, un aspecto que generó controversia fue la exclusión de los PSB de los beneficios fiscales que sí se otorgaron a otros actores del mercado de activos digitales. Esta disposición podría afectar su competitividad en comparación con los PSAD.

    Impacto en los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD)

    Por su parte, los PSAD, actores esenciales del ecosistema digital en El Salvador, también enfrentaron reformas que endurecieron su participación en el mercado. Entre las nuevas exigencias, se incluyó el posible aumento de capital social en función del volumen y la naturaleza de sus operaciones. 

    Además, se les impuso un cumplimiento más estricto en áreas como la gestión de riesgos y administración. Otro cambio relevante fue la prohibición de que personas naturales obtengan licencias como PSAD, limitando esta posibilidad únicamente a entidades bien preparadas.

    La CNAD también obtuvo discrecionalidad para establecer las tasas que estos proveedores deben pagar por su registro, renovación y autorización para emitir activos digitales, lo que permite ajustar las tarifas según la complejidad del mercado.

    Impacto en los emisores de activos digitales

    En cuanto a los emisores, las reformas fortalecieron la regulación de las emisiones privadas, que ahora también disfrutan de beneficios fiscales explícitos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y cuenten con un informe favorable de un certificador. Esta nueva normativa fue vista como un paso importante para garantizar la transparencia y seguridad de las ofertas, aunque generó cierta incertidumbre entre los emisores, especialmente en lo relacionado con la custodia de fondos.

    El rol de los certificadores

    Los certificadores, encargados de verificar la viabilidad de las ofertas de activos digitales, vieron su papel ampliado. Ahora, además de analizar las ofertas, deben certificar los Smart Contracts, lo que les otorga mayor relevancia dentro del sistema financiero digital. Los requisitos para desempeñar esta labor también se volvieron más estrictos, asegurando que los certificadores estén adecuadamente preparados para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero.

    Ofertas privadas y flexibilidad en las tasas

    Otro aspecto clave de la reforma fue el enfoque en las ofertas privadas, que también quedaron sujetas a certificación obligatoria y pueden beneficiarse de exenciones fiscales. La CNAD recibió la potestad de ajustar las tasas aplicables a los PSAD y las emisiones digitales según la complejidad y riesgo asociado a cada operación, lo que aporta mayor flexibilidad regulatoria al ecosistema.

    Las reformas a la Ley de Emisión de Activos Digitales representaron un avance significativo en el desarrollo del mercado de activos digitales en El Salvador. Con un enfoque en la planificación basada en riesgos, la protección del consumidor y la cooperación internacional, el país buscó consolidarse como un entorno seguro y atractivo para las inversiones en criptomonedas y activos digitales. Sin embargo, algunos aspectos de la reforma, como la exclusión de beneficios fiscales para los PSB, podrían generar desafíos operativos para ciertos actores del mercado.

    Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.