El legislador de Arizona David Schweikert presentó en agosto “La Ley de Autorización de Marca y Represalias de Granjas de Estafas de 2025”, que propone neopiratas (corsarios sancionados por el estado) para combatir a los ciberdelincuentes involucrados en amenazas contra los Estados Unidos.
El proyecto de ley autoriza al presidente de EE. UU. a emitir patentes de corso a “personas armadas y equipadas privadamente” contratadas por el gobierno para “emplear todos los medios razonablemente necesarios” para incautar propiedades y detener o “castigar” a los ciberdelincuentes considerados una amenaza por el presidente.
Estas amenazas incluyen el robo de criptomonedas, las estafas de "pig butchering", los ataques de ransomware, el robo de identidad, el acceso no autorizado a computadoras para recopilar información personal sensible o clasificada, el tráfico de contraseñas en línea y el compromiso de computadoras con código malicioso. El proyecto de ley decía:
“Las empresas criminales que emplean ciberdelitos y trabajo forzado representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad económica y nacional de los Estados Unidos.”
El proyecto de ley caracterizó las estafas como “actos de guerra” perpetrados por individuos, criminales organizados y gobiernos extranjeros contra los EE. UU. y es una reactivación de una ley del siglo XVIII que podría tener implicaciones para el futuro de la ciberseguridad y la incautación de activos si se aprueba.
EE. UU. podría destinar activos incautados a una reserva de Bitcoin y a la reserva nacional de criptomonedas
Más de 142 millones de dólares en criptomonedas se perdieron a manos de hackers en julio, y la cantidad total de criptomonedas robadas hasta ahora en 2025 supera los 3.000 millones de dólares. Las criptomonedas robadas incautadas por funcionarios de las fuerzas del orden de EE. UU. en investigaciones podrían ser posteriormente confiscadas por el gobierno en procesos judiciales.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en enero para establecer una reserva de Bitcoin y criptomonedas, que solo podría acumular criptomonedas mediante estrategias con presupuesto neutro o decomiso de activos.
En julio, el gobierno federal de EE. UU. presentó una demanda civil para reclamar más de 20 Bitcoin (BTC), valorados en más de 2,3 millones de dólares, incautados por la división de Dallas, Texas, del Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante una operación contra el grupo de hackers de ransomware Chaos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) también incautó 1 millón de dólares en criptomonedas del grupo de ransomware BlackSuit durante el mismo mes.
En agosto, el DOJ autorizó la incautación de 2,8 millones de dólares en criptomonedas de una cartera controlada por Ianis Aleksandrovich Antropenko, quien fue acusado de atacar a individuos y empresas con ataques de ransomware.
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