Actualización (27 de junio a las 19:40 UTC): Este artículo se ha actualizado para corregir la conversión a dólares estadounidenses de la sanción para quien realice actividades de VASP sin licencia.
Vanuatu, país insular del Pacífico, espera promulgar en septiembre la tan esperada ley sobre proveedores de servicios y activos digitales.
El Comisario de la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC), Branan Karae, mencionó en su discurso de apertura de un simposio sobre activos digitales, organizado por el regulador financiero del país el 27 de junio, que se espera que el proyecto de ley se promulgue durante la primera semana del Parlamento.
Loretta Joseph, asesora política de la VFSC y ponente en la conferencia, declaró a Cointelegraph que el proyecto de ley estaba listo desde hacía varios años, pero que se había retrasado constantemente debido a varios cambios en el gabinete.
El proyecto de ley, presentado por primera vez en 2020, establecerá los requisitos de licencia y registro para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el país, lo que les permitirá operar legalmente en la nación insular por primera vez.
Joseph afirmó que el proyecto de ley ayudará a Vanuatu a cumplir las normas establecidas por el organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI exige a los países que evalúen y mitiguen los riesgos asociados a los proveedores de servicios y actividades de criptomonedas.
"El GAFI pide a los países que dispongan de legislación en torno a los activos virtuales. Ningún país del mundo puede ignorar esto", afirmó Joseph.
Las cinco criptolicencias de Vanuatu
Con arreglo a la ley propuesta, cinco clases de licencias abarcarán a los proveedores de servicios que proporcionen un medio de intercambio (o exchange) entre activos virtuales y monedas fiduciarias y a los que ofrezcan criptocustodia, entre otras funciones.
La VFSC supervisará las actividades de todos los VASP y se asegurará de que cumplen las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Comisario del regulador tendrá potestad para vetar licencias y también podrá nombrar a un inspector para garantizar que los proveedores de servicios de valor añadido autorizados operan conforme con la Ley.
También habrá una "Fintech Sandbox Utility", que permitirá a las empresas que quieran obtener una licencia operar durante 12 meses sin ella.
La ley exige que toda persona que lleve a cabo actividades de VASP esté autorizada, con penas que incluyen multas de 25 millones de vatus de Vanuatu (USD 207,700) o penas de cárcel de 15 años, mientras que una corporación puede ser multada con USD 2.1 millones.
Joseph señaló que muchas naciones pequeñas, entre ellas Vanuatu, necesitan formas de "aportar prosperidad económica" y que el proyecto de ley podría consolidar al país como centro financiero internacional.
“Son islas, no pueden construir coches, no pueden construir una unidad de fabricación de automóviles.”
"Estas jurisdicciones, que se convierten en centros financieros extraterritoriales, desempeñan un papel muy importante en el tráfico económico y el movimiento de dinero", dijo.
Vanuatu, situado en el Océano Pacífico Sur y formado por 13 islas principales, tenía un producto interior bruto de USD 1,100 millones en 2022, según el Banco Mundial.
Su economía se basa principalmente en la agricultura: un 80% de la población está dedicada a actividades agrícolas. También se considera un paraíso fiscal y un centro financiero internacional, según el Departamento de Estado estadounidense.
El país alberga unas 2,300 instituciones registradas que ofrecen servicios bancarios, jurídicos, contables, de seguros y fiduciarios extraterritoriales, entre otros.
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