El proveedor de energía de Venezuela cerró las instalaciones de criptominería en todo el país como parte de una reorganización del departamento nacional de criptomonedas y las investigaciones de corrupción en curso que involucran a la compañía petrolera del país.

Según informes de medios locales, empresas de criptominería y tuits de la Asociación Nacional de Criptomonedas de Venezuela, las instalaciones mineras fueron cerradas en los últimos días en los estados de Lara, Carabobo y Bolívar. No está claro cuántas criptoempresas se vieron afectadas. También se ordenó a algunos exchanges de criptomonedas que cesaran sus operaciones.

Se cree que el cierre de las instalaciones de criptominería es parte de una investigación en curso de corrupción que involucra a la compañía petrolera venezolana PDVSA y al departamento de criptomonedas del país.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló el 25 de marzo que los funcionarios del gobierno supuestamente estaban realizando operaciones petroleras paralelas con la asistencia del departamento nacional de criptomonedas. Saab señaló en Twitter:

“Esta red utilizó un conglomerado de empresas comerciales para legitimar el capital obtenido de las ventas a través de la adquisición de criptoactivos, muebles e inmuebles”.

De acuerdo con Saab, al menos 10 personas han sido arrestadas en relación con las investigaciones, incluida Joselit Ramírez Camacho, quien dirigió el departamento de criptomonedas desde su creación en 2018 supervisando las normas de criptoimpuestos y la criptomoneda Petro del país. Según informes anteriores, Camacho fue arrestado el 17 de marzo durante el curso de la investigación.

Desde junio de 2020, Camacho figura en la lista de los más buscados de Estados Unidos. En ese momento, las Investigaciones de Seguridad Nacional emitieron una recompensa de hasta USD 5 millones por cualquier información que condujera a la captura del supervisor de Petro. Las autoridades alegaron que Ramírez tenía "profundos vínculos políticos, sociales y económicos" con presuntos capos del narcotráfico, entre ellos Tareck El Aissami, ex vicepresidente de Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la reorganización de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos en un decreto emitido el 17 de marzo. La administración de Maduro alegó que la decisión pretendía proteger a los ciudadanos del país de los efectos negativos de las sanciones económicas, entre otras razones.

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