Venezuela regulará la minería de Bitcoin
Según fuentes locales, el gobierno de Venezuela tiene previsto lanzar un registro en línea para los mineros de Bitcoin antes del 22 de diciembre. Se requerirá que todos los mineros de Bitcoin en el país se registren. El registro es el primer paso en el desarrollo de un marco legal completo para gravar y regular la criptomoneda minera en el país.
 
Los defensores de la decisión argumentan que protegerá a los mineros de criptomonedas en el país. Angel Salazar, miembro de una comisión asesora que ayuda al gobierno venezolano a implementar regulaciones de criptomonedas, declaró:

"Los mineros están trabajando en condiciones difíciles y formalizar la estructura a través de este registro ayudará a protegerlos de la extorsión y el acoso."

En una reciente conferencia de prensa, el recientemente nombrado superintendente de criptomonedas venezolanas, Carlos Vargas afirmó que el gobierno está creando el registro para identificar y monitorear la minería de Bitcoin más de cerca, con ominosa declaración:

"Queremos saber quiénes son, queremos saber dónde están, queremos saber qué equipo están usand."

Minería de criptomonedas

La minería de criptomonedas ha ganado popularidad en Venezuela en los últimos meses, ya que brinda empleo remunerado tanto a los venezolanos pobres como a los ricos que se ven afectados por la actual crisis financiera en el país, caracterizada por una gran hiperinflación.
 
Aunque la minería de criptomonedas no es técnicamente ilegal en Venezuela, la policía local ha estado arrestando a los mineros desde principios del 2016, acusándolos de robo de electricidad, fraude de intercambio, delito cibernético y financiamiento del terrorismo. La extorsión también es un problema grave con la policía: a veces se les pide a los mineros que paguen dinero de protección a cambio de que se retiren sus cargos.
 
Más recientemente, durante una redada en Lara el 9 de diciembre, la policía confiscó 21 plataformas mineras y arrestó a la propietaria de 31 años.
 
El minero fue acusado de delitos informáticos, fraude de divisas, financiamiento del terrorismo, daños al sistema eléctrico nacional y lavado de dinero.
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