El Senado del Estado de Virginia ha introducido legislación que establece regulaciones para la minería y transacciones de activos digitales y su tratamiento bajo las leyes fiscales.
El senador Saddam Azlan Salim, el miembro más joven del cuerpo legislativo con 34 años de edad, propuso el Proyecto de Ley del Senado No. 339 el 9 de enero. El Senado está discutiendo la legislación, y si se aprueba, pasará a la Cámara de Delegados para su consideración y luego se convertirá en ley.
El proyecto de ley exime a individuos y empresas que realizan actividades de minería digital de obtener licencias de transmisión de dinero. También protege a los mineros de la discriminación al prohibir que las zonas industriales prohíban la minería de activos digitales o impongan ordenanzas de ruido más restrictivas que las establecidas en las zonas industriales.
“No se requerirá licencia bajo este capítulo a ninguna persona que participe en la minería de activos digitales en el hogar, minería de activos digitales o actividades comerciales de minería de activos digitales, según se definen esos términos en el § 15.2-2288.9”.
Además, la legislación exime a emisores y vendedores de activos digitales de los requisitos de registro de valores si se cumplen ciertas condiciones, como que el activo digital no se considere un contrato de inversión:
"Un emisor o vendedor de un activo digital estará exento de los requisitos de registro de valores de este capítulo si (i) el activo digital no puede considerarse un contrato de inversión, (ii) el emisor o vendedor del activo digital no comercializó el activo digital al comprador inicial como una inversión financiera y (iii) el emisor o vendedor del activo digital toma otras precauciones razonables para evitar que un comprador inicial compre el activo digital como una inversión financiera”.
Las empresas que ofrecen servicios de minería o participación no pueden clasificarse como una "inversión financiera" según el proyecto de ley. Sin embargo, deben presentar un aviso para calificar para la exención.
Además, la legislación incentiva el uso de criptomonedas para transacciones cotidianas al ofrecer beneficios fiscales. El proyecto de ley propone que a partir del 1 de enero de 2024, las personas pueden excluir hasta $200 por transacción de sus ganancias de capital netas a efectos fiscales. Esta exclusión se aplica a las ganancias derivadas del uso de activos digitales para comprar bienes o servicios.
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