La jueza Sarah Netburn del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha recibido la última entrega en la guerra de cartas entre Ripple Labs y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El problema son las finanzas de Ripple y los contratos de ventas institucionales, que la SEC quiere ver con la esperanza de que respalden su continua acción de ejecución.

La SEC dirigió una carta a la jueza Netburn el 11 de enero pidiendo una orden para obligar a Ripple a presentar sus estados financieros de 2022 y 2023 y los contratos de ventas institucionales de Ripple desde que la agencia presentó una demanda contra ella a finales de 2020. La jueza Analisa Torres dictaminó en un fallo sumario en julio que las ventas institucionales de XRP (XRP) cumplen con la prueba Howey y constituyen ventas de valores.

La carta de la SEC a la jueza Sarah Netburn. Fuente: Dropbox/James Filan

Ripple respondió a la solicitud de la SEC con una carta a la jueza Netburn el 19 de enero en la que argumentaba que la fase de descubrimiento de los procedimientos concluyó en agosto de 2021 y que su conducta desde la presentación de la demanda era irrelevante para el caso. Además, su condición financiera también era irrelevante ya que no tenía la intención de argumentar que no podía pagar multas.

La SEC ha contraatacado en una carta fechada el 23 de enero que Ripple "ni siquiera afirma que se vería perjudicada al presentar sus estados financieros recientes" y citó una decisión anterior que dice:

"Al calcular el monto de una multa necesaria para disuadir la mala conducta, la extensión de la riqueza del acusado es una consideración relevante."

La carta continuó diciendo que la jueza Torres dejó abierta la posibilidad de acciones adicionales de descubrimiento. Según la SEC, la situación financiera de Ripple y su conducta posterior a la presentación de la queja son relevantes ya que la Ley de Valores (presumiblemente de 1933) "contempla específicamente las medidas cautelares cuando una violación está 'a punto de' ocurrir" y ayudarán a determinar la probabilidad de una reincidencia de las violaciones. Además, debido a la definición de una venta, el cumplimiento posterior a la presentación de la orden podría afectar el tamaño de la restitución.

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