Para la mayoría de nosotros, resulta tiránico o indefendible cuando un gobierno incauta los activos de alguien sin arrestarlo ni siquiera acusarlo de un delito. Pero gracias a una ley que entró en vigencia en abril, esa es la nueva realidad que enfrentan los propietarios de criptomonedas en el Reino Unido.
El cambio, que entró en vigencia el 26 de abril, es el resultado de modificaciones a la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023 (ECCTA), que modificó los regímenes de confiscación en la Ley de Ganancias de Origen Delictivo de 2002 (POCA). La policía del Reino Unido y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) ahora pueden incautar activos de criptomonedas de sospechosos sin arrestarlos.
En términos simples, el cambio significa que las autoridades pueden incautar criptomonedas de aquellos sospechosos de actividades criminales. Las autoridades también tendrán el poder de incautar artículos físicos relacionados con investigaciones de criptomonedas, como unidades flash y contraseñas escritas, y "destruir" un activo de criptomoneda si no se considera adecuado devolverlo a la circulación.
¿Cómo se 'destruirá' la criptomoneda? Nadie lo sabe
No se ha detallado exactamente cómo se destruirán tales activos. Los reguladores emitieron un comunicado sobre cómo implementar la ley, pero está lejos de estar completo. Detalla los escenarios en los que se pueden ejercer los poderes de destrucción, pero no proporciona detalles sobre la práctica de cómo se llevará a cabo tal destrucción.
Las criptomonedas han sido utilizadas durante años por pandillas criminales para lavar los beneficios del crimen. Los partidarios de las nuevas medidas sugieren que ayudarán a combatir parte de ese lavado de dinero.
Sin embargo, si la policía comienza a incautar criptomonedas sin que haya víctimas involucradas en un delito, es difícil ver su enfoque como algo más que una toma de activos impulsada por una presunción de culpabilidad sin evidencia. Las incautaciones civiles que no requieren acusar a las víctimas de un delito han sido un tema controvertido en el Reino Unido durante años. Cuando la policía sospecha de la actividad criminal de un individuo, tienen el poder de incautar activos, como efectivo, vehículos y ahora criptomonedas, relacionados con la actividad criminal sospechada mientras realizan su investigación. Estos poderes son ampliamente y regularmente utilizados por las agencias de aplicación de la ley en el país.
Aunque no sorprende ver esta aproximación ampliada al ámbito de las criptomonedas, las autoridades ahora pueden utilizar este poder como un medio para llevar a cabo incautaciones injustificadas, pero legales. El enfoque no reconoce una presunción de inocencia. Ahora se abre la puerta para que las autoridades del Reino Unido abusen de su poder al dirigirse a los poseedores de criptomonedas y exploten esos poderes con motivaciones personales o políticas.
Ahora que la policía o la NCA ya no requieren evidencia para llevar a cabo un arresto antes de tal incautación, estos nuevos poderes pueden ser utilizados en una etapa anterior, lo que aumentará la probabilidad de incautar los presuntos beneficios del crimen. Pero tomar tal acción en una etapa anterior también puede aumentar la posibilidad de que dichas incautaciones se realicen con menos fundamentos de los que habrían sido previamente. Y eso seguramente aumenta la posibilidad de cometer errores.
También se han otorgado poderes a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley que les permiten vender los criptoactivos incautados por efectivo. Pero la fluctuación del mercado es un problema importante en el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, si bien estos poderes permiten a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley vender los criptoactivos antes de que pierdan valor, también existe el riesgo de que se vendan prematuramente, justo antes de que el valor de ese criptoactivo se dispare. Esto podría significar que la víctima del delito original, cuyos activos estaban siendo retenidos en criptomonedas por criminales antes de la incautación, pueda perderse potencialmente de aumentos de valor enormes. Esta es otra razón por la que las fuerzas del orden necesitarán usar estos nuevos poderes con la máxima precaución.
El uso más inmediato de estos nuevos poderes será para delitos relacionados con el fraude y las drogas. Los remedios civiles actuales para las víctimas de fraude a través del Tribunal Superior pueden ser costosos y llevar mucho tiempo. Existe la esperanza de que estos nuevos poderes otorgados a las fuerzas del orden contribuyan de alguna manera a cambiar eso. También pueden ser efectivos para prevenir la rápida disipación de activos generados por operaciones de drogas a gran escala.
El enfoque en los delitos relacionados con criptomonedas debería implicar el desarrollo del derecho consuetudinario. El Informe de Activos Digitales de la Comisión de Derecho, publicado en junio de 2023, destacó el progreso realizado por el poder judicial en este sentido y defendió el desarrollo del derecho consuetudinario. Pero el derecho consuetudinario por sí solo no ha podido abordar todos los problemas, por lo que aún no está claro por qué ha tardado tanto el parlamento en promulgar estos nuevos poderes en respuesta a esto.
Aunque las fuerzas del orden pueden dar la bienvenida a los cambios, es preocupante que la ECCTA no establezca poderes para que las fuerzas del orden del Reino Unido compartan información con otras agencias a nivel global cuando los criptoactivos se transfieren a otras jurisdicciones. Esto crea el riesgo de que la policía del Reino Unido sea impotente para recuperar el control de dichos activos si son transferidos fuera de su jurisdicción.
En resumen, el nuevo régimen de incautación compromete las libertades civiles individuales, y pronto descubriremos cuán vigorosamente las autoridades planean usarlo para socavar nuestro derecho tradicional al debido proceso.
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