La ONG Bitcoin Argentina se expresó ante la intención del Poder Ejecutivo de reemplazar, dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el nuevo presidente, el frustrado trámite del proyecto de ley con el cual el gobierno anterior se había propuesto seguir lineamientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), y en el que se incluyen medidas que atañen al sector referido a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), entre otras.

De acuerdo a lo declarado por el presidente de la entidad, Ricardo Mihura, lo que la ONG rechaza es que con, la excusa de seguir lineamientos del GAFI, se introduzcan medidas que atentan contra la libertad en la comercialización de bitcoin y que restringen el acceso al mercado de criptoactivos. Señaló Mihura:

“Han sido refugio de valor y garantía para la libertad de trabajo de miles de ahorristas y de freelancers durante todos estos años de inflación y de medidas de arbitraria restricción monetaria”

En este sentido, la asociación civil aceptó que se nomine a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) los reportes de operaciones sospechosas, y también que la UIF lleve un registro de PSAV como lo recomienda el GAFI.

Sin embargo, rechazaron que los PSAV deban obtener una licencia habilitante de parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y que este organismo pueda además regular todos los aspectos de la comercialización de criptoactivos:

“Es obvio que, según la ley vigente, la CNV debe actuar de oficio para preservar el crédito y la confianza de las personas cuando se realiza oferta pública de valores negociables, aun cuando estos se instrumenten como activos virtuales”, agregó Mihura.

Por otro lado, en cuanto a la necesidad de una nueva normativa, Mihura expresó que no era necesaria otra ley para esto ya que, a su criterio, esto no tiene nada que ver con obligar a pedir autorización para vender o comprar bitcoin, puesto que en realidad no es considerado un valor negociable o security en la ley argentina y  «en ninguna otra parte del mundo».

Una postura firme

Bajo este contexto, la posición de la ONG como referente de la comunidad bitcoiner, señala que cualquier medida que haga referencia a los activos virtuales y a los PSAV debería respetar mínimamente los siguientes puntos:

  • La definición de PSAV como sujetos obligados debe referirse sólo a los grandes exchanges, y debe excluir a las personas que realizan operaciones persona a persona, a título habitual o no, con liquidación en cuentas bancarias o de Proveedores de Servicios de Pago (PSP), que ya son sujetos obligados.

Según ellos, resulta redundante y superfluo exigir obligaciones administrativas a individuos o pequeños comerciantes, debido a que no puede equipararse a un cuentapropista con un exchange o un banco. Adicionalmente, alegan que tampoco tiene sentido prohibir ni incriminar a esta actividad, que representa una fuente de ingresos legítima y socialmente útil.

  • El establecimiento de un registro de PSAV debe centralizarse en la UIF (la autoridad competente en materia de lavado de dinero) y el mismo no debe ser habilitante para el ejercicio de la actividad, sino de carácter meramente informativo. Es responsabilidad de la UIF mantener actualizado este registro y no de quienes realizan la actividad. Tampoco representa un requisito para ejercer el comercio lícito.

Dicho esto, la ONG concluyó que no debe atribuirse a la CNV la competencia de establecer un registro obligatorio, ni para regular requisitos de índole patrimonial, financiera, operativa o administrativa para poder operar, dado que:

“Es inevitable que ese tipo de regulaciones solo generen restricciones a la competencia y privilegios para las empresas más cercanas al regulador. Además, inducen a la ciudadanía a operar en exchanges internacionales, los cuales quedan siempre fuera de la potestad regulatoria local”, remarcaron.

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